Rajoy anunció una inminente comparecencia, sin preguntas, y los rumores saltaron rápidamente en las redacciones: ¿un cambio de Gobierno tras los resultados de las elecciones europeas? No. El rey abdica. Las especulaciones al respecto eran una constante después del descrédito y críticas cosechadas por la Casa Real en lo últimos años; aun así, la noticia sorprendió.
Lunes 2 de junio. A las 10:30 de la mañana se produce el anuncio oficial por parte de Mariano Rajoy; a las 13:00 horas es el propio rey Juan Carlos de Borbón quien lo explica: «En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana».
La opción de Felipe VI
¿Y ahora qué? Es la pregunta que surge. La respuesta parece evidente para mucha parte de la ciudadanía: es el turno del hasta ahora príncipe Felipe de Borbón (Felipe VI sería su nombre como rey), tras su nombramiento por las Cortes, como corresponde a una monarquía parlamentaria. La situación es inédita en la democracia española. «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica», dice el artículo 57.5 de la Constitución.
39 años de reinado de Juan Carlos I después, no se ha desarrollado ninguna ley al respecto. Aunque sea por necesidad, es el momento. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará una nueva ley orgánica, que al parecer ya ha sido pactada con el principal partido de la oposición, para que se regule el procedimiento sucesorio.
Pero el engranaje no es sencillo. «Si el Rey debe ser sancionado por unas Cortes que es el Rey quien debe sancionar, tenemos un 'vacío legal' que nos podría remitir al artículo 1.2: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», apunta un historiador.
De momento y anunciada la abdicación, ahora debe ser publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, algo que se hará junto a la publicación de la nueva ley orgánica. Posteriormente, el todavía príncipe debe jurar ante el Congreso y el Senado (en una sesión conjunta, algo también inédito hasta ahora) su coronación.
La estabilidad institucional
«Cuando el pasado enero cumplí setenta y seis años consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad», ha dicho el rey en su mensaje televisado. A partir de ese momento, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, realizó un estudio preliminar sobre el desarrollo del artículo 57 de la Constitución. Hay que ver ahora cómo se realiza este importante proceso, facilitado por la mayoría absoluta del Partido Popular.
«Como secretaria general del Partido Popular quiero poner de manifiesto la lealtad de mi partido hacia la Corona, expresada tanto para su majestad el rey como en estos momentos para el príncipe heredero. Desde el PP queremos también destacar la absoluta normalidad en el proceso sucesorio en un contexto de estabilidad institucional garantizado por nuestra Constitución. Nuestro país ha demostrado ser lo suficientemente maduro como para afrontar un proceso de sucesión con serenidad y con altura de miras en nuestra Corona», ha respondido el Gobierno en boca de María Dolores de Cospedal.
El principal partido en la oposición, el PSOE, parece cerrar filas con los populares. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha referido al rey como elemento de «cohesión» y ha dicho que es «el momento de mirar a la Constitución» para establecer las pautas. La cuestión escuece entre las filas socialistas, que sigue defendiendo su «tradición política y cultural republicana», pese a que el pasado mes de noviembre aprobó, en una Conferencia Política presidida por el socialista Ramón Jáuregui, no cuestionar la monarquía.
La opción del referéndum
Mientras el control parlamentario parece dar «estabilidad» a este hecho inédito, gran parte de la ciudadanía, activa y presente en las calles en los últimos tres años desde el estallido del 15M, se prepara para gritar a favor de un proceso distinto.
«Es hora de que el pueblo hable. Referéndum, república y proceso constituyente para un nuevo proyecto de país». Con esta frase abre la página web de Izquierda Unida, el tercer partido por número de votos, según las recientes elecciones europeas. Cayo Lara, coordinador federal de la formación, ha recalcado en una rueda de prensa que la soberanía «es del pueblo y no del rey», por lo que «es hora de caminar hacia un proceso constituyente para construir un nuevo proyecto de país».
La nueva fuerza política del país, Podemos, también ha emitido un comunicado al respecto en el que proponen «la apertura de un proceso de debate abierto y plural en el que todos los argumentos sean escuchados y en el que las decisiones se tomen democráticamente en procesos en los que puedan participar toda la ciudadanía».
Por su parte Compromís, a través de su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una proposición no de ley en la que plantea que todos los cargos públicos y representativos del Estado español, incluida la Jefatura del Estado, sean designados mediante elección de la ciudadanía, ya sea de manera directa o a través de sus representantes.
Las redes sociales, mientras tanto, arden pidiendo un referéndum sobre la forma de Estado. Decenas de concentraciones con este propósito están organizadas para esta misma tarde, y banderas republicanas ondean en algunos edificios públicos. ¿Y cuáles serán los derechos de Juan Carlos I y la reina Sofía cuando ya no sean monarcas?, ¿su nuevo estatuto? Las dudas son muchas.
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