Las seis empresas: Acciona Energía, Alstom, ERG, Enercon, Res y Vestas han dicho en rueda de prensa en Bruselas que según datos de la Comisión Europea, aumentar hasta un 30 por ciento la producción de energías renovables en la UE crearía 570.000 empleos más y ahorraría 260.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles.
Unas cifras muy superiores a las que se alcanzarán con el objetivo no vinculante que ha marcado la Comisión a los Estados miembros de reducir las emisiones de dióxido de carbono un 40 por ciento en relación a los niveles de 1990 y un 26 por ciento de producción eléctrica a partir de fuentes renovables.
Según Rafael Mateo, de Acciona Energía, filial verde de Acciona, «las renovables llegaron al mercado de manera perturbadora y hay una lucha entre los dos sectores.»
Aunque las eléctricas tienen filiales renovables, han hecho grandes inversiones en plantas de generación por gas natural y quieren recuperar ese dinero.
Hans-Dieter Kettwig, de la empresa alemana fabricante de aerogeneradores Enercon opina que las eléctricas tendrían que ser «más proactivas» y «aceptar que ha llegado una nueva industria».
Pero las grandes eléctricas no están dispuestas a cambiar todavía de modelo de negocio y se unen para presionar como el llamado Magritte Group, formado por EON, RWE y la francesa GDF Suez dedicado a presionar contra las subvenciones a las energías eólica y solar. De momento la Comisión Europea ha bajado mucho sus expectativas de energías verdes conformándose con una tasa de emisiones.
El sector de las energías verdes dice que la gran inversión que hay que hacer para renovar la red, necesaria en cualquier caso, podría alojar una mayor transmisión de energía renovable compensándose así el gasto.
Por otra parte, Emiratos Árabes ha puesto una demanda internacional de arbitraje contra España por los recortes a sus inversiones en renovables en el país ocasionados por la reforma eléctrica.
Masdar, la empresa de Emiratos, que participa en plantas termosolares junto a la española Sener ha interpuesto ante el Centro internacional de arreglo
de diferencias relativas a inversiones entre estados (CIADI) una solicitud de arbitraje. Es la cuarta entidad que denuncia la reciente normativa energética española ante este organismo que depende del Banco Mundial.
