La responsable de política forestal de WWF, Anke Schulmeister afirma que «todos los que se han enriquecido del comercio ilegal de madera y de la destrucción de los bosques en todo el mundo acaban de recibir un duro revés.»

La organización subraya que los gobiernos de los Estados miembros deben demostrar que tienen una "intención seria" de asegurarse de que todas las actividades ilegales relacionadas con la madera quedan absolutamente prohibidas mediante la adaptación y aplicación de las leyes de los países.

Por su parte el director de campañas de Greenpeace, Mario Rodríguez, reconoce el paso importante que representa esta ley y valora «los avances significativos» que suponen la creación de requerimientos a las empresas europeas para verificar la trazabilidad completa de los productos forestales y la posibilidad de que los infractores puedan ser multados en proporción a los daños ambientales y a las pérdidas económicas que hayan ocasionado.

La UE ha prohibido el comercio en su territorio de madera procedente de la tala ilegal, intenta de esta forma frenar esas acciones, que se dan especialmente en zonas vulnerables como el Amazonas, agravando la deforestación y el cambio climático.

La ley, que se ha estado negociando durante dos años, prohíbe el comercio de la madera y sus derivados, incluidos los muebles, procedente de la tala ilegal. Los importadores deberán demostrar el origen legal de sus productos e informar de a quién lo compraron y a quienes los van a vender.

Más de la mitad de la madera ilegal procede de la cuenca del Amazonas, África central o el sureste de Asia y Rusia produciendo un impacto económico negativo en los países exportadores de hasta 15.000 millones de euros anuales.

La deforestación, que aumenta cada año en unos 13 millones de hectáreas, produce el 20% de las emisiones mundiales de CO2. La ley entrará en vigor en 2012.