Pero en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a menudo esos 29 estados miembros dejan de lado ese principio cuando insisten en que se tomen decisiones de «consenso», si ellas están relacionadas con el presupuesto del organismo mundial o cuando están claramente en minoría en la Asamblea General, de 193 integrantes, o en sus diversas comisiones.
Eso es lo que sucedió el jueves 26 en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, que adoptó, por mayoría de votos, una propuesta para negociar un tratado jurídicamente vinculante que sancione las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.
«La división de los votos muestra claramente que los países que son sede de una gran cantidad de empresas transnacionales, como la UE, así como Noruega y Estados Unidos, están en contra de esa propuesta»: Anne van Schaik.
Después de la votación, Estados Unidos y la UE advirtieron que no cooperarán con un grupo de trabajo intergubernamental que se creará para fijar las condiciones que regirán la negociación del tratado.
«Estados Unidos no participará en este grupo de trabajo intergubernamental, y exhortamos a los demás a hacer lo mismo», declaró Stephen Townley, el representante de Washington en el Consejo de Derechos Humanos.
Existen numerosas interrogantes prácticas sobre cómo se aplicaría un instrumento internacional vinculante a las corporaciones, que no son sujetos de derecho internacional, y de cómo los estados podrían aplicar ese tratado, sostuvo Townley, asistente especial del asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, la votación fue de 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Votaron contra la resolución Estados Unidos y varios miembros de la UE, entre ellos Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Austria, Estonia y República Checa, junto con Corea del Sur y Japón.
Liderada por Ecuador y Sudáfrica, la resolución recibió los votos positivos de Argelia, China, Filipinas, India, Indonesia, Kenia y Pakistán, entre otros.
Los países árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, junto con México, Perú y Maldivas, se abstuvieron.
Anne van Schaik, activista de la organización ecologista Amigos de la Tierra Europa, dijo a IPS que la integración de la votación «deja en claro que nos oponemos a fuerzas poderosas».
«¿Quiénes dejarán de usar viejas técnicas de intimidación?», se preguntó.
La UE declaró que tampoco cooperará en la implementación de la propuesta, agregó.
Tras la votación, Estados Unidos señaló que el tratado no será vinculante para quienes voten en contra.
«Así que podemos esperar una oposición feroz», advirtió Schaik. El grupo de trabajo intergubernamental tiene previsto celebrar su primera sesión en 2015.
«Pero estamos contentos porque no es cosa de todos los días que el interés público le gane a los intereses corporativos que cuentan con el respaldo de la UE y Estados Unidos», añadió la activista.
Estados Unidos y la UE argumentan que los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados en 2011, alcanzan para controlar las prácticas de negocios de las corporaciones.
«No les hemos dado a los estados el tiempo y el espacio suficientes para poner en práctica los Principios Rectores», afirmó Townley a los delegados en Ginebra.
«Aunque compartimos y valoramos las inquietudes expresadas por algunas delegaciones y colegas de la sociedad civil, de que tenemos que hacer más para mejorar el acceso de las víctimas de abusos de los derechos humanos vinculados a los negocios a los recursos (jurídicos), nuestra preocupación es que esta iniciativa tendrá exactamente el efecto contrario», agregó el representante de Washington.
Para que un tratado sobre empresas y derechos humanos sea eficaz es fundamental que se negocie con el aporte de todas las partes interesadas relevantes y que abarque a todas las organizaciones empresariales, no solo a las corporaciones transnacionales, destacó Philip Lynch, director de la organización independiente Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
En diálogo con IPS, añadió que «es muy importante que la UE participe en este proceso de negociación», dado que muchas empresas tienen su sede en territorio europeo y el bloque es líder en la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
«También esperamos que la negociación del tratado puede complementar y aprovechar el consenso que sustenta los Principios Rectores, que gozan de un fuerte apoyo de la UE», comentó Lynch.
Schaik aseguró a IPS que el tratado propuesto es una meta de Amigos de la Tierra desde hace años, si no décadas.
«Siempre hemos querido que la ONU asuma la responsabilidad por el desarrollo de un mecanismo de este tipo, ya que es el único órgano internacional de toma democrática de decisiones capaz de trabajar en una propuesta así», aseguró.
Por lo tanto, eso sería mejor que, por ejemplo, algunos países u organismos regionales aprueben legislación propia, explicó la activista.En segundo lugar, la resolución establece una hoja de ruta que presenta los primeros pasos de este grupo de trabajo, lo cual es muy positivo, destacó.
«La división de los votos muestra claramente que los países que son sede de una gran cantidad de empresas transnacionales, como la UE, así como Noruega y Estados Unidos, están en contra de esa propuesta», indicó Schaik.
La activista recordó que Estados Unidos había advertido, incluso antes de la votación, que los países que votaran en contra de la propuesta no estarían obligados a respetar la resolución.
Esa coalición ya está pensando en la forma de darle seguimiento a esta victoria «y creo que sobre todo para las organizaciones de Europa, Estados Unidos y Noruega es importante mantener la presión para que sus países respeten la resolución», expresó Schaik.
«Haremos campaña, pondremos en marcha acciones por correo electrónico, presentaremos investigaciones, organizaremos giras de conferencistas y saldremos a las calles, si es necesario, para garantizar que el grupo de trabajo salga adelante», aseguró.
