La macro encuesta elaborada por el CIS en 2011, destacaba que la violencia contra las mujeres extranjeras duplica a la de las mujeres españolas; y sin embargo, ellas son las grandes olvidadas en las campañas institucionales. «Es necesario garantizar el derecho a un intérprete en todo el proceso asistencial, no sólo en el ámbito judicial y policial, y lo deseable es que sean personas especializadas en violencia de género», ha destacado durante la presentación del estudio Maribel del Pozo, doctora de la Universidad de Vigo y una de las coordinadoras del proyecto.

El estudio ha contado con la participación de más de 600 profesionales que intervienen en el proceso de asistencia a mujeres víctimas de la violencia de género. Todos han mostrado su preocupación por la falta de formación específica, que se hace aún más evidente si cabe en el caso de los intérpretes. De hecho, el 32,1% reconoce que no siempre tiene la certeza de que la víctima le entienda «plenamente». Las investigadoras del proyecto SOS-VICS también se han entrevistado con numerosas víctimas de violencia machista de diferentes nacionalidades. Sus relatos han puesto de manifiesto la situación de indefensión en la que se encuentran. En muchos casos han confesado que durante su declaración percibían cómo los intérpretes omitían parte de la información o simplemente daban su versión. «A una de ellas el traductor le dijo que tenía que rezar a Alá y retirar la denuncia», ha lamentado del Pozo. Incluso han detectado casos en los que el intérprete avisaba al maltratador de lo que había contado la víctima.

«No basta con conocer el idioma», ha destacado Carmen Toledano, responsable del proyecto en la Universidad de la Laguna. «Muchas veces se recurre a la señora de la limpieza, a un familiar o a cualquiera que pase por allí», basta con que entienda «algo». La doctora ha denunciado cómo en una ocasión fue el propio maltratador quien hizo las veces de traductor. Para evitar situaciones como ésta han reclamado una ley que garantice a las víctimas de violencia de género el acceso a intérpretes cualificados en todas las fases del proceso. «El 90,6% de los que han participado en el estudio reclama la necesidad de una formación específica en violencia de género», ha insistido Toledano.

Consecuencias de una mala traducción

La presentación también ha contado con la participación de Endika Zulueta, miembro de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas. El letrado ha relatado su experiencia cuando tiene que asistir a una mujer que no domina el idioma. «Hay que tener capacidad de empatía», ha asegurado, porque la víctima se siente humillada «y esa sensación se multiplica por mil cuando el responsable es una persona de la que ha estado enamorada». Y es que de una buena interpretación depende que se cumpla el derecho a una tutela judicial efectiva. «De la interpretación que se haga de la declaración de la víctima, el juez puede decidir tomar medidas cautelares como una orden de alejamiento o prisión preventiva, o no».

En esa misma línea Sarah Khay, intérprete judicial en plantilla del Ministerio de Justicia y miembro de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, ha denunciado la falta de regulación. Según ha explicado, uno de los problemas es que las instituciones externalizan las funciones de traducción e interpretación, dejando esta labor en manos de empresas privadas «que sólo quieren minimizar gastos y aumentar beneficios». «Cualquiera puede ejercer como traductor o intérprete», ha lamentado.

Frente a esta situación, los responsables del estudio han reclamado la profesionalización y especialización de todos los intérpretes que intervienen en el proceso de atención y asistencia a la víctima, y muy especialmente en los que lo hacen en la fase judicial. Un primer paso para lograrlo serán los materiales de formación específica que han desarrollado y que incluyen una guía de buenas prácticas, un manual dirigido a profesionales de distintos ámbitos, y una página web con casos prácticos que sirvan de entrenamiento a los intérpretes. «Era importante que además de constatar los problemas, se aportaran soluciones aprovechando todo el conocimiento generado entre las universidades y los profesionales que colaboraron con el proyecto», ha explicado Toledano. «Las víctimas extranjeras de la violencia de género son prácticamente inexistentes; sólo se habla de ellas cuando ocurre una desgracia», ha lamentado del Pozo.