Grecia sigue desmantelando su sector público en un intento desesperado de persuadir a la Troika, conformada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, de que le otorgue un nuevo rescate el próximo octubre.
La Troika quiere que el gobierno griego despida a 4.000 empleados y suspenda a 12.500 más en el sector público para fines de septiembre. Otros 12.500 puestos de trabajo serán eliminados para finales de este año.
El primer ministro Antonis Samaras ha ordenado a sus ministros que desmantelen rápidamente toda la estructura pública que consideren ineficiente, y que presenten listas con los nombres de las personas que serán despedidas o enviadas al seguro del paro.
El seguro del paro es de ocho meses, período en el cual el funcionario recibe el 75 por ciento del salario. Concluido ese lapso, se le despide si no existe un nuevo puesto que pueda ocupar. El sorprendente cierre de la televisión pública en junio fue el primer paso en esa dirección, y dejó a 2.000 trabajadores en la calle.
El gobierno también ha cerrado escuelas técnicas que brindaban oportunidades de estudios de corta duración a familias de bajos ingresos, y enviado a unos 2.000 profesores al seguro de paro, así como a 2.000 guardias escolares y a 3.500 policías municipales.
Themistocles Kotsyfakis, quien impartía clases en una escuela técnica sobre fabricación de equipamiento médico, terminó también cobrando el paro.
«Esto no es una reforma. No hay estudio sobre el que se fundamenten estas medidas, y no se ha realizado ningún tipo de evaluación para decidir quién se va y quién se queda», nos dice.
«A muchos de nosotros nos van a despedir. Ninguno tiene el futuro garantizado... El seguro del paro es un paso hacia el desempleo», añade.
Mientras el gobierno se esfuerza por alcanzar la cuota acordada, el ministro de Salud, Spyridwn Georgiadis, ha decidido ya el cierre de seis hospitales en la zona metropolitana de Atenas, por considerarlos ineficaces. Esto hará que unos 1.250 trabajadores médicos se queden sin empleo.
Xaralampos Farantos, cirujano en el Hospital General de Patisia, en el centro de la capital, se encuentra en la lista. El médico comenta que la ineficacia de los sanatorios es culpa del propio gobierno. «Todos esos hospitales llevan desde hace mucho tiempo sin personal médico adecuado, debido a acuerdos previos con la Troika que han afectado al sector público».
«Los hospitales tuvieron que suspender sus servicios de emergencia porque los pacientes no querían pagar las nuevas cuotas de admisión», impuestas en el marco de las medidas de austeridad, señala.
«Entonces, el hecho de que disminuyera el número de admisiones se interpretó como una prueba de nuestra ineficacia, y por eso se nos incluyó en la lista. Fue un método deshonesto», añade.
Ahora el gobierno también estudia la clausura o privatización de tres compañías militares y de una empresa pública productora de níquel. Esto ayudaría a sumar 2.000 despidos más a la cuota.
Sin embargo, el sacrificio masivo de funcionarios públicos se produce en medio de advertencias de que el plan de ajuste no va a funcionar. El FMI ha admitido errores de cálculo sobre el coste de las reformas y de su capacidad para recuperar la economía.
El organismo multilateral de crédito reconoció en mayo que había violado tres de cuatro de sus directrices clave al unirse al paquete de rescate liderado por la Unión Europea (UE), y reveló que las medidas fueron diseñadas en realidad para salvar al euro y no para ayudar a Atenas.
El actual paquete de rescate para Grecia terminará en la primavera de 2014. Este país se hundirá entonces en el desasosiego, con un desempleo superior al 30 por ciento. La economía se habrá contraído más del 27 por ciento desde el comienzo de la crisis.
Mientras, el futuro griego divide a Occidente. El FMI y Estados Unidos son partidarios de políticas de desarrollo y de creación de empleo, posiblemente incluyendo una gran condonación de la deuda, pero la Unión Europea, encabezada por Alemania, exige más austeridad.
El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schauble, niega que el programa de austeridad esté fracasando y, en una visita a Atenas el mes pasado, anunció un nuevo plan de medidas para 2014.
Crecen los temores de que el Estado griego implosione bajo la carga de la austeridad, y algunos analistas sugieren que Berlín y la UE podrían tener un plan B, según el cual algunas funciones básicas del Estado griego quedarían a cargo de sus acreedores internacionales.
El analista político Giannis Kiboyropoulos nos dice que la primera señal obvia de ese escenario trascendió a finales de julio en un informe del Instituto alemán Kielo para la Economía Mundial.
«Tecnócratas alemanes, tras mencionar el obvio peligro del colapso de las reformas en Grecia, han propuesto la creación de un comité independiente de deuda que se encargue de la administración pública, del mercado laboral, de las privatizaciones, del transporte, de la energía, del mercado minorista y de las políticas empresariales», señala Kiboyropoulos.
Por su parte, «los representantes de la Troika en Grecia han advertido de que extenderían su control sobre las instituciones responsables de las privatizaciones y de la recapitalización de los bancos. No se debe considerar esto una mera coincidencia», añade.
