El Análisis de la Corrupción Extranjera publicado este martes es demoledor: no hay excepciones en lo que el llamado 'club de los ricos' define como «el hecho de ofrecer una ventaja indebida, pecuniaria o de otro tipo, a un agente público extranjero, para su provecho o para el provecho de un tercero, para que éste agente actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de funciones oficiales, con vistas a obtener o conservar un mercado en el comercio internacional».

La OCDE analiza 427 casos registrados por los jueces hasta el 1 de junio de 2014 y desde 1999, fecha en la que entró en vigor la Convención Anticorrupción, que convirtió en delito los sobornos a funcionarios públicos extranjeros. Presenta los resultados en una publicación de más de medio centenar de páginas, que si bien no aterriza en ejemplos concretos sí aporta una radiografía preocupante de la situación.

Aproximadamente una de cada dos operaciones fraudulentas (en concreto el 53 por ciento está protagonizada por directivos y altos cargos, mientras que los corruptos son principalmente empleados de compañías públicas (un 80 por ciento). De hecho, seis de cada diez movimientos ilegales (el 57 por ciento) afectan a empresas o instituciones públicas. Entre la documentación investigada, cerca del 5 por ciento implica sobornos a jefes de Estado, de Gobierno y a ministros.

Entre los sectores, los peor parados en este sentido son la industria extractiva (19 por ciento), la construcción (15 por ciento), el transporte y almacenamiento (15 por ciento), además de la información y la comunicación (10 por ciento).

Los sobornos son concretamente los casos de corrupción más frecuentes e implican fundamentalmente a los empleados de empresas públicas (27 por ciento) y agentes de aduanas (11 por ciento). Las compañías de más de 250 trabajadores lideran esta deshonrosa clasificación concentrando seis de cada diez casos, mientras que las pequeñas y medianas empresas son responsables del 4 por ciento. En total, estos sobornos constituyen más del 10 por ciento de los costes de una transacción.

Por si fuera poco, las expertas y los expertos de la OCDE alertan de que estas evidencias son apenas la punta del iceberg, pues en muchos casos la corrupción no se puede demostrar. Ante este panorama, la organización internacional pide a los Gobiernos que persigan con más contundencia estos delitos y a las cúpulas empresariales, que colaboren al respecto (un tercio de las corrupciones fueron detectadas a través de los controles internos de las compañías).

España, a la cabeza

El análisis comparativo por países vuelve a dejar malparado al Estado español, que figura entre los que más delitos por cohecho comete, por encima de la media de Naciones Unidas.

Tampoco es que la Justicia salga mejor parada, habida cuenta de que los casos de cohecho y prevaricación tardan en resolverse una media de 7,3 años, se lee en el informe. Es el tiempo que pasa desde que comienza hasta que finaliza la instrucción, sanciones previas de por medio. En concreto, 2013 fue el año que más demora acumuló en fraudes por cohecho.

Entre los motivos que podrían explicar este retraso, la OCDE señala dos: la sofisticación de las técnicas para incurrir en estos delitos y los márgenes legales en los que se mueven las apelaciones y las absoluciones.

La letra pequeña del informe también deja otras 'anécdotas' sonrojantes, como la del mayor soborno detectado: 1.400 millones de dólares (1.125 millones de euros); la mayor cantidad decomisada por cohecho a una sola persona: 149 millones de dólares (más de 120 millones de euros); la pena de cárcel más elevada: 13 años; la multa más alta impuesta a una empresa y a una persona: 1.447 millones de euros y 119 euros, respectivamente.