El 57 % de las empresas que hay en Europa, un 10 % más que el año pasado, dicen tener problemas de liquidez a causa de la morosidad. La Comisión Europea ha iniciado una campaña informativa para luchar contra este problema. En primer lugar pide a los Estados miembros que incorporen la Directiva de la UE sin esperar a la fecha límite, que es el 16 de marzo de 2013.

Según la directiva, las autoridades públicas deben pagar por los bienes y servicios que contraten en un plazo de treinta días o, en un caso muy excepcional, en sesenta días.

Las empresas deben pagar sus facturas en sesenta días, salvo que se acuerde expresamente otra cosa y eso no resulte claramente abusivo para el acreedor.

Las PYMES tienen derecho a reclamar intereses de demora y a cobrar una cantidad mínima de 40 euros como compensación por todos los demás costes de cobro razonables.

Se aumenta el tipo de interés legal de demora hasta como mínimo ocho puntos porcentuales por encima al tipo de referencia del Banco Central Europeo (BCE). Las autoridades públicas no pueden establecer un interés de demora por debajo de ese umbral.

Las empresas tendrán más facilidad para denunciar ante los tribunales de su país los términos abusivos.

Los Estados miembros pueden poner en funcionamiento otras medidas que favorezcan a los acreedores.

Las empresas no están obligadas a adoptar estas medidas, pueden ser más flexibles con clientes de confianza pero las autoridades públicas si están obligadas a pagar en plazo.