«No podía llegar en mejor momento. La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida en el día a día de Europa; la violencia en la pareja sigue estando entre las principales causas de muerte no accidental, lesiones y discapacidad de las mujeres», afirma Nils Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Las últimas cifras publicadas sobre violencia de género en Europa ofrecían datos dramáticos: el 33 por ciento de las mujeres europeas (es decir, 62 millones de personas) ha sufrido violencia física o sexual, aunque sólo una de cada tres víctimas denuncia las agresiones. Así lo puso de manifiesto un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA, en sus siglas en inglés), del pasado mes de marzo.

«Hoy es un hito en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres», dijo la pasada semana el director del FRA, Morten Kjaerum. «Estamos hablando sobre el abuso de los derechos humanos a gran escala. Es vital que el proceso de firma y ratificación continúe. Esto enviará una señal fuerte a las instituciones de que se requieren medidas para que los autores sepan que su comportamiento es inaceptable, y para que las víctimas sepan que sus voces están siendo escuchadas», añade.

El tratado de Estambul está centrado en la detección, prevención y lucha contra todas las formas de violencia sobre las mujeres, desde el maltrato a manos de su pareja o expareja hasta el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata con fines de explotación. Compromete al Estado que lo ratifica a adoptar medidas legislativas, punitivas, de información y de sensibilización para perseguir estos delitos y proteger a las víctimas.

También establece un mecanismo de seguimiento para garantizar la aplicación efectiva de sus disposiciones por los Estados comprometidos, así como la creación de un grupo de expertos independientes para examinar si los países ratificantes cumplen o no sus compromisos. El Convenio de Estambul se propone atacar las causas que originan la violencia contra las mujeres y aboga por cambiar los estereotipos y perseguir a los culpables. Pero, sobre todo, impulsa que los Estados criminalicen de forma jurídica, con penas duras, todas las formas de violencia que atentan contra las mujeres.

Muižnieks cita un estudio reciente del Consejo de Europa que «muestra que, a pesar de que se proporciona a la policía de 44 de los 47 Estados del Consejo una formación profesional sobre la violencia contra las mujeres, sólo 29 de ellos ofrecen una formación continua específica a sus policías. Esta falta de formación podría muy bien ser una de las razones de los malos resultados de la policía en muchos países en el trato con las víctimas. Según algunas fuentes, en algunos casos habrían tratado de persuadir a las mujeres de que no presentaran una denuncia».

Condena a España

Desde el viernes está en vigor este Convenio en el Estado español y, sólo tres días después, la ONU ha condenado al país por negligencia en un asesinato machista, poniendo al sistema judicial español en el punto de mira. «Después de años de búsqueda de justicia en los tribunales en España, Ángela González Carreño acude al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)», recoge en una nota la ONG Women Link Worlwide, que denunció los hechos.

Ángela había solicitado órdenes de protección para ella y para su hija, pero las autoridades judiciales se negaban a reconocerlas para la niña porque consideraban que tal medida entorpecía el derecho del agresor a un régimen de visitas con su hija, violando así el principio del interés superior de la menor. La niña fue asesinada con siete años y el padre se suicidó tras matarla.

«Ángela inició un procedimiento administrativo reclamando responsabilidad patrimonial al Estado por funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, debido a la negligente actuación de las autoridades administrativas y judiciales que habían permitido la violencia continua que sufrieron ella y su hija, y que conllevó al asesinato de la menor. Todos los recursos internos disponibles fueron agotados sin lograr que el Estado reconociera que había fallado en su obligación de proteger la vida e integridad de su hija y la suya propia», añade la nota de la ONG.

El CEDAW asegura que en España persisten costumbres y prácticas por parte del sistema judicial y de otros agentes que constituyen una discriminación contra las mujeres y se traducen en estereotipos de género en el sistema. España ratificó el CEDAW en 1984, pero aun así los datos de violencia machista son un lastre: en lo que va de año ya han muerto 31 mujeres como consecuencia de la violencia machista en el país.

Pérdida de custodia para los maltratadores

El Convenio de Estambul plantea la posibilidad de que los jueces y juezas dicten la pérdida de los derechos de la patria potestad del maltratador si el interés superior del menor, que puede incluir la seguridad de la víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma. El Convenio corrobora que «las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia» así como para que «el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños».