El pueblo «no reconocido» de Al Araqib, habitado por beduinos árabes en el norte del desierto de Néguev, en Israel, fue demolido el jueves 19 por las autoridades israelíes. Es la 81 ocasión que sucede desde mediados de 2010. Cada domingo, los habitantes del pueblo y sus simpatizantes se sitúan detrás de una gran pancarta con la leyenda «Dejen de demoler a Al Araqib» en árabe, hebreo e inglés. Al ritmo de aplausos, los más jóvenes gritan con la ayuda de un altavoz «judíos y árabes pueden convivir» y «dejen de demoler nuestras casas».
El empalme Lehavim, donde se encuentra Al Araqib, ha sido el telón de fondo de las protestas contra la demolición de casas por parte del Estado israelí en localidades beduinas de la zona en los últimos cuatro años y medio.
Aunque no existe un dictamen judicial que le haya adjudicado la propiedad del territorio de Al Araqib, el Estado está plantando un bosque en las tierras ancestrales de la tribu de beduinos árabes Al Turi.
«La prensa de aquí no escribe sobre Al Araqib. Estas protestas semanales son una manera de demostrar que existimos. Es parte de nuestro aguante, nuestra resistencia», nos explica la joven de esa localidad, Mariam Abu Madegham Al Turi.
De vez en cuando, algún conductor que pasa toca la bocina en señal de apoyo, lo que revela el interés que despierta la situación de los beduinos en el Néguev en la población israelí en general. El informe La política de demolición de casas en el Néguev-Naqab, publicado por el Foro de Convivencia por la Igualdad Civil en el Néguev (NCF, en inglés), demuestra que la situación en Al Araqib dista de ser la única.
El NCF es la única organización no gubernamental que documenta metódicamente la demolición de viviendas de los beduinos. En los 12 meses que van de julio de 2013 a junio de 2014 contaron 859 derribos de casas. El ritmo de las demoliciones se ha mantenido prácticamente igual en los últimos cuatro años y las altas cifras «dan fe de la incompetencia del Estado en la oferta de soluciones duraderas» a la crisis que afecta a la zona, según el informe.
Desde la suspensión a finales de 2013 del proyecto de ley conocido como el Plan Prawer «para regular los asentamientos beduinos», debido a las protestas de la población afectada, el NCF afirma que «en ausencia de un plan legislado» el gobierno recurre a las demoliciones como una política para limitar los derechos de los beduinos sobre las tierras y así aplicar su plan de desarrollo para el Néguev.
Desarrollo para quién y a qué costo es la pregunta que se plantea en el informe del NCF. «El Estado no necesita esta tierra para el desarrollo», asegura Michal Rotem, coautora del escrito. «Solo la quiere vacía. Plantar un bosque no es en mi opinión una excusa razonable para demoler una aldea. Y tampoco lo es el hacer sitio para un asentamiento judío. Estas son excusas racistas y discriminatorias», afirma.
Los aproximadamente 220.000 beduinos son oriundos del Néguev, además de ciudadanos israelíes y de constituir el 30 por ciento de la población de la región. Unos 140.000 fueron urbanizados por la fuerza yviven en siete municipios planificados por el gobierno en los años 60 y 70 en 10 pueblos «reconocidos».
Los restantes 80.000 viven en 40 localidades que no están reconocidas por el Estado, no aparecen en los mapas y están en constante riesgo de demolición, como es el caso de Al Araqib.
Como explica Rotem, estas poblaciones ya existían antes de la fundación de Israel en 1948, pero la política de nacionalización territorial convirtió a los beduinos en «invasores» de las tierras estatales. «Imagine que viene un Estado, legisla leyes nuevas y declara fuera de la ley a toda la comunidad beduina del Néguev. Eso es lo que pasó», subraya.
En el pasado, la urbanización forzada era la única vía para no quedar «fuera de la ley», pero en realidad los urbanizados obtenido menos de lo que perdieron. El informe de NCF revela que el 54 por ciento de las demoliciones en el período evaluado se realizaron en localidades «legales». Esto significa que no se tomaron precauciones para respetar el estilo de vida ni el crecimiento natural de la comunidad beduina, que tiene la mayor tasa de fecundidad de Israel.
«Esto contradice por completo los planes estatales. Primero les dicen a los beduinos que vivan en localidades reconocidas y luego las demuelen allí también», denuncia Rotem.
Jalal Abo Bneah es un coordinador de campo del NCF que vive en el pueblo «no reconocido» de Wadi Al Nam y sabe muy bien cómo estas «contradicciones» afectan a la vida de la gente. «Por ejemplo, el gobierno quiere trasladar a los 15.000 habitantes de Wadi al Nam al poblado de Segev Shalom. Pero el pueblo apenas tiene espacio suficiente para la gente que ya vive allí», explica.
Abu Bneah señala la creciente insatisfacción de la comunidad beduina con los planes gubernamentales unilaterales que ignoran sus necesidades. «No muestran respeto por nadie. Ni por los habitantes en las localidades reconocidas ni por los de las aldeas no reconocidas. ¿Dónde quieren que vayamos?», pregunta.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una serie de observaciones finales en su cuarto examen periódico sobre Israel. Entre ellas, hacía hincapié en que el Estado debe abstenerse de ejecutar demoliciones basadas en políticas de planificación discriminatorias y debe consultar a los beduinos con respecto a los planes que afecten a su futuro.
Abo Bneah apoya la presión de los organismos internacionales, pero dado el predominio actual de la derecha política en Israel, tiene pocas esperanzas de que el cambio se produzca pronto.
Mientras tanto, para contrarrestar los esfuerzos estatales que pretenden borrar del mapa a los beduinos, NCF ha lanzado en su página de Internet el proyecto Aldeas árabes beduinas en Néguev-Naqab, que ubica a las 40 aldeas no reconocidas' en el mapa de Israel, algo que el Estado se ha negado a hacer hasta el momento.
