El Tribunal ha realizado un estudio titulado ¿Se gastan correctamente los fondos de la política de cohesión europea destinados a carreteras?. Y la respuesta es que España cuenta con las dos vías más caras de las 24 analizadas. La Herradura-Almúñecar (4.121 euros por kilómetros) y el tramo de Jaicejo (2.712). Según el estudio hay que tener en cuenta la dificultad orográfica que obligó a construir, en la primera carretea tres túneles, cuatro puentes y tres pasos subterráneos en un total de 9 kilómetros).

En total en España se han seleccioando seis tramos de vías, dos en la autopista del Mediterránoe A-7 (en los tramos Castell del Ferro-Polopos y la Herradura-Almuñecar), dos secciones de la A-66 (norte de Cáceres-Aldea del Cano e Hinojal-norte de Cáceres), ella renovación de la local EX-385 en Jaraceijo y el puente sobre el Genil en Loja (Granada).

Entre 2000 y 2014, la UE destinó 65.000 millones de euros a cofinanciar la construcción y renovación de varias vías de cirulación. El 62% de las ayudas fueron a parar a los cuatro países analizados. Polonia, el más beneficiado, recibió 17.741 millones de euros, seguido de Grecia (9.016 millones, España (8.558) y Alemanaia (4.636).

La auditoría ha calculado el coste total en el que se incluye la constricción -material y mano de obra- y el precio de la calzada por cada 1.000 metros cuadrados de cada proyecto. Precisamente este último coste es el que mejor sirve para comparar entre países y obras. En este sentido el coste más bajo sigue siendo en Alemania y el más alto en Polonia, seguido de España. El estudio demuestra que el coste del cemento es más barato en España que en Alemania, por lo que construir un puente en la península es má barato que en el país germánico (697 en España contra los 1.331 de Alemania).

El precio de las construcciones viarias se dispara en España al relacionar la inversión con el tráfico diario, sobre todo en el tramo La Herradura-Almuñécar. La aditoría concluye que el sobrecoste de todos los proyectos supera el 20% de lo previsto inicialmente y que siempre se tarda más tiempo del previsto en finalizar las obras. En eso hay una excepción. El tramo norte de Cáceres-Aldea del Cano, que se ajustó al coste estimado y se terminó cuatro meses antes de lo previsto.

En España las modificaciones de los proyectos iniciales suponen un sobrecoste del 20 al 30%. El Tribunal de la UE aconseja que «la cofinanciación de los proyectos viarios debería supeditarse a unos objetivos claros basados en el ahorro en tiempo, mejora de la seguidad y efectos concretos sobre la economía de la zona.