El número de muertos y heridos en Gaza no para de aumentar. No es de extrañar cuando las bombas caen sin cesar en un terreno de apenas 360 kilómetros cuadrados en el que viven más de 1,8 millones de personas sin ninguna posibilidad de huida. No hay lugar seguro cuando los blancos de bombardeos también son hospitales, ambulancias y escuelas de la ONU en las que se refugian ya más de 170.000 personas. El castigo colectivo al que se ven enfrentados los habitantes de Gaza supera cualquier límite marcado por la legalidad internacional y por la ética más básica.

La defensa de la vida de la población civil de ambos bandos debe estar siempre por encima de todo conflicto u ofensiva. También en este caso, en el que la desproporción de fuerzas es tan evidente como la superioridad armamentística de Israel.

En 2013 España exportó a Israel 4,9 millones de euros en material de defensa, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. A pesar de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que esos materiales no se emplean contra la población de Gaza, resulta obvio que cualquier equipamiento destinado al Ejército contribuye en una ofensiva de las dimensiones de «Pilar Defensivo».

Lo que también tiene una relación directa con lo que ocurre en Gaza en la actualidad, es la exportación de las armas que Israel vende con la marca «Tested in Combat» (probado en combate). La eficacia de sus drones y misiles está verificada en el trabajo diario de un ejército que mantiene una ocupación militar de los territorios palestinos y lanza ofensivas periódicas. La ocupación se convierte en negocio.

En el periodo comprendido entre 2003 y 2012, España compró equipamiento militar a Israel por valor de 115 millones de euros. El año que viene probablemente todos los contribuyentes pagaremos las bombas que ahora se lanzan sobre Gaza.

Las mismas autoridades españolas que autorizan las importaciones ante lo que ocurre estos días guardan un silencio ante lo que ocurre en la franja, que solo ha sido interrumpido por tímidas condenas y comunicados en los que se busca una equidistancia que llega a resultar obscena.

Como la mayoría de ejecutivos occidentales, el Gobierno español se alinean en una inacción que se convierte en cómplice. Las peticiones de alto el fuego resultan insuficientes. Los gobiernos se separan cada vez más de una sociedad civil que reclama en las calles la vuelta del sentido de la humanidad.

Ante la falta de acciones por parte de la clase dirigente, Ecologistas en Acción apoya la iniciativa al Boicot Desinversiones y Sanciones (BDS) lanzada por organizaciones de la sociedad civil palestina con el apoyo de cientos de grupos en todo el mundo y reclama la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, que además facilita la importación de productos fabricados en territorios palestinos ocupados. NdP Ecologistas en Acción