Mientras que el comercio mundial de bienes de consumo como el plátano, el café o el cacao, está fuertemente regulado, no existen criterios sólidos y eficaces, legalmente vinculantes y de aplicación universal que ponga normas a la transferencia de armas a través de las fronteras. En su lugar hay un intrincado mosaico de acuerdos regionales y subregionales que permite a los estados continuar con este comercio letal.

Cada año se fabrican dos balas por persona, muchas acaban en manos de grupos armados y sirven para prolongar conflictos. Un negocio lucrativo que mueve el doble de dinero que la venta de armas. Un mercado que podría seguir incontrolado, si países como Estados Unidos, Siria y Egipto consiguen que sean excluidas del «Tratado de comercio de armas».

En el informe «Detener una bala, es detener una guerra», Oxfam denuncia que «el comercio internacional de municiones es incluso menos transparente que el de armas. Los flujos de venta son difíciles de controlar, por lo que el riesgo de que se desvíen a usuarios ilícitos o no autorizados aumenta», y según la coordinadora de la organización, Anna MacDonald, excluirlas deja al tratado «sin ningún sentido». El estudio revela que pocos países informan de sus ventas internacionales de municiones, o las incluyen en las exportaciones de armamento, lo que complica el destino final de las balas.

Las organizaciones de derechos humanos consideran que el mundo se encuentra «ante un momento histórico, en que el reto es garantizar que el nuevo tratado sea lo suficientemente fuerte para detener de forma inequívoca las transferencias de armas allí donde puedan exarcerbar un conflicto o la pobreza».

De los 34 países que desde 2006 informan públicamente de sus exportaciones armamentísticas, solo 28 presentan información de la venta de municiones, según datos del Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Intermón, Fundació per la Pau, Greenpeace y Oxfam, temen que la crisis económica sirva de excusa para dejar de cumplir la ley sobre comercio de Armas, que impide sus exportaciones cuando «puedan ser utilizadas en situaciones de violación de los derechos humanos». Recuerdan que, en España, el consejo de ministros del 25 de mayo aprobó la posibilidad de apoyar con dinero público las exportaciones a través de créditos y acciones de promoción . Las organizaciones denuncian que muchos países europeos, siguieron realizando ventas a los gobiernos del norte de África y Oriente Próximo (Bahréin, Arabia Saudí y Egipto) aunque existía el riesgo de ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos.

A pesar de esas críticas, Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam en esta campaña, cree que «es muy positivo que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, se haya comprometido de forma pública a apoyar en la ONU un Tratado que impida las transferencias de armas que contribuyan a la comisión de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra»

«Nuestra posición es clara: un tratado débil sería peor que no tener tratado alguno, ya que no haría más que legitimar el defectuoso sistema existente» explica Yermo.