Más de 50.000 personas son víctimas cada año de las armas pequeñas y ligeras, entre las que destacan las pistolas, los fusiles y las granadas de mano. Es la denuncia que ha elevado esta semana el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Consejo de Seguridad que este mes encabeza Lituania.

«Si denegamos el acceso a las armas y municiones ilegales, denegamos a los criminales, a los grupos armados y a los extremistas un instrumento clave para perpetrar la violencia, la intimidación y el daño. Ése debe ser nuestro objetivo», ha señalado el surcoreano durante su presentación bienal sobre la temática.

El responsable de la ONU ha advertido a los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad que la mala gestión de este armamento es cada vez más alarmante, ya que muchos Estados carecen de una planificación adecuada para el almacenamiento seguro, el uso, el transporte y la eliminación de sus arsenales. En este sentido, Ban Ki-moon considera urgente combatir la proliferación de estos instrumentos para la guerra y la violencia, mediante embargos, registros y controles.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, considera por su parte que uno de los problemas es que los países siguen amparándose en definiciones laxas y en vacíos legales para imponer un control débil sobre un negocio que mueve miles de millones de dólares.

En el mundo se estima que circulan 900 millones de armas pequeñas y ligeras, con dos escenarios principales: el tráfico ilícito y el comercio autorizado, rama esta última que el Banco Mundial ha tasado en más de 8.000 millones de dólares anuales.

Durante su intervención, el jordano Hussein subrayó la amenaza que las armas suponen para los derechos humanos, la educación, la salud, las estructuras sociales y las economías. Entre las soluciones que puso sobre la mesa, el Alto Comisionado fue pedir a los Estados ratificar e implementar el Tratado de Comercio de Armas, recientemente diseñado para fijar un marco legal de ámbito mundial.

Caso DEFEX

En el Estado español ha saltado estos días la polémica con los contratos para vender armas de la empresa DEFEX en África y Oriente Medio. Dependiente de la pública Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), DEFEX está involucrado en un supuesto caso de corrupción cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008, por valor de 152,9 millones de euros. El asunto ha sido desvelado por la cadena SER que, citando fuentes del procedimiento que investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, apunta que «no es un hecho aislado».

Las sospechas se extienden, aclara dicho medio, sobre «la gran mayoría de contratos para la venta de equipamiento militar o policial» que la empresa DEFEX firmó con países del continente africano, casos de Angola y Camerún, así como a otros de Oriente Medio, con Arabia Saudí a la cabeza.

Las fuentes de la investigación han confirmado a la SER que además la empresa pública «sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento», repartiéndose de esta forma «mordidas millonarias, en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendían las armas».

Los principales sospechosos son, por ahora, el presidente de DEFEX hasta junio de 2012, José Ignacio Encinas Charro, y el coronel de Infantería de la Marina, Ángel María Larumbe, ya retirado. Las cuentas de estas personas ya han sido temporalmente bloqueadas, al igual que sus sociedades. No se descartan en nuevos imputados ya que, según los investigadores, la red societaria y financiera tejida para evadir y ocultar las irregularidades es «extraordinariamente compleja».