Poca puntualidad, mala asistencia en caso de problemas, baja relación calidad-precio. Ocho mil seiscientos pasajeros europeos han participado en una encuesta promovida por organizaciones de consumidores de España (OCU), Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Portugal. El resultado demuestra que no les gustan ni las compañías aéreas europeas ni los aeropuertos del continente.

Las aerolíneas españolas no pasan la prueba, según los encuestados. Air Madrid y Air Plus Comet están a la cola de las 110 compañías analizadas. Pero las grandes tampoco mejoran mucho, Air Europa, Iberia y Spanair ocupan los puestos 86, 87 y 89. Sólo Vueling aparece en un puesto más presentable, el 23. Entre las mejor valoradas tampoco hay ninguna otra europea. Lufthansa es la primera y está en el puesto 21 y por encima de las otras grandes aparecen aerolíneas de bajo coste como Ryanair o Easy Jet.

Tampoco los aeropuertos españoles salen bien parados en el ránking. Fuerteventura, Barcelona y Santander son los mejor valorados y los peores, Zaragoza, Santiago y Tenerife Norte. Madrid-Barajas ocupa el puesto 102. Los aspectos que se valoraron fueron la información en pantallas, la seguridad, la eficiencia del personal y la limpieza de los baños. En este caso, el resto de los aeropuertos europeos tampoco da la talla. Los pasajeros consideran buenos los asiáticos, sobre todo, los de Kuala Lumpur, en Malasia, y Singapur.

La queja más frecuente es la impuntualidad. Según la encuesta, hay retrasos de más de 15 minutos en uno de cada cuatro vuelos y en un 6% de los casos, el retraso fue de cinco horas o más. El overbooking también parece que es frecuente, lo sufrieron el 7% de los encuestados y sólo 4 de cada 10 que sufrieron esa situación recibieron comida y compensación económica.

Un estudio sobre los precios de los billetes llegó a la conclusión de que es tal la proliferación de suplementos que hace casi imposible saber cuánto cuesta un vuelo antes de comprarlo. Se anuncia un precio base barato y luego se van cargando otros costes. La OCU ha pedido a la Comisión europea que obligue a las compañías a anunciar el precio definitivo del billete antes de iniciar la contratación y que exista una legislación que impida los abusos.