El segundo caso tuvo lugar en Paterna, Valencia, donde un hombre mató a disparos a su esposa y posteriormente se quitó la vida. En este caso no existían denuncias anteriores ni episodios de agresiones que se conocieran, pero la pareja estaba en trámites de separación. Un último suceso tuvo lugar en Bilbao, donde un hombre agredió a su ex pareja y le causó heridas leves en el cuello, para suicidarse después echándose a las vías del tren. La violencia machista sigue matando.
Tres casos distintos entre sí, pero similares en su raíz, que reflejan la gravedad de un problema abisal que se dilata en el tiempo y en el espacio pese a la implantación de unas medidas a todas luces insuficientes. En lo que va de año, en España, 50 mujeres (según las cifras oficiales) han sido asesinadas por sus parejas o exparejas: con órdenes de alejamiento y sin ellas, casadas y en proceso de separación, tras múltiples episodios de violencia denunciados o sin rastro conocido de ellos, aunque no por ello inexistentes, pues en muchos casos los malos tratos permanecen ocultos para las autoridades y la Justicia. Prueba de ello es que el teléfono 016, servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, recibe una media diaria de 180 llamadas.
Lidia Falcón, explicaba hace unos días en Madrid las dificultades con las que se encuentran las mujeres que padecen violencia machista, tanto a la hora de denunciar como en el momento de afrontar judicialmente esta situación. «Jueces, policías y el resto del personal involucrado tienen un criterio machista», afirmaba.
La abogada feminista detallaba cómo el proceso comprendido entre la denuncia que una mujer interpone al hombre que la maltrata y la obtención de una sentencia pertinente al respecto se convierte en un camino escarpado y hostil. En primer lugar, y suponiendo que una mujer maltratada acude al médico y éste detecta que hay indicios de violencia, «el profesional debe presentar un informe a la comisaría». Tanto si es un profesional como si es ella misma quien cuenta la situación, «lo que suele explicar es lo último que le ha pasado, pero no habla de todos los años de maltrato que lleva detrás».
Esta omisión conlleva que no se le otorgue a la situación la gravedad que requiere.»Si tiene la suerte de llegar al juicio penal, se solicitan pruebas de lo que la mujer declara, y ese procedimiento para recabar pruebas suele durar entre un año y dos. El abogado suele pedir una orden de alejamiento, que no siempre se concede, y en un 80 % de los casos el juez no suprime el régimen de visitas de hijos e hijas con el padre», indica Lidia Falcón. Prevalece el derecho de los padres a estar con sus hijos e hijas y no se valora el riesgo del menor.
Por ello, ve necesario «exigir» que se otorgue una formación profesional en materia de violencia de género a quienes intervienen en todo este proceso. «En este momento, si el agresor termina matándola, como estamos viendo que sucede, ni médicos ni jueces ni ninguna otra persona involucrada tendrá responsabilidad alguna». Implicación integral para hacer frente a este problema estructural.
