Las cuencas mineras de León y Palencia, las de Asturias o las de Teruel viven pendientes de la Comisión Europea. Los encierros bajo tierra, las marchas, las movilizaciones, son medidas de presión para que Bruselas dé el sí a un real decreto que asegure la pervivencia del sector minero, que haga posible que el carbón que extraen de las minas se venda a las centrales térmicas. Que puedan seguir viviendo de él, en definitiva. En Galicia, en cambio, cruzan los dedos en sentido contrario. Temen que sus centrales térmicas, que usan carbón importado, paguen los platos rotos del apoyo a la quema del carbón nacional.

El porqué del decreto

La crisis económica tuvo un efecto devastador para el sector: en medio de una caída del consumo, el precio del carbón importado bajó drásticamente y el carbón nacional fue el más perjudicado. Las empresas eléctricas dejaron de comprarlo para ahorrar costes. Y eso se notó. El sector dice que su facturación se ha frenado en seco y el gobierno ha tenido que salir al rescate de las empresas mineras comprando carbón que ha destinado a las reservas estratégicas. Pero sin ingresos estables, la minería del carbón no tiene futuro. Por eso, para salvar al sector, el gobierno apuesta porque hasta el 15% de la producción eléctrica dependa de fuentes autóctonas.

El único combustible autóctono en España es el carbón y para él el decreto plantea medidas específicas: se obliga a diez centrales térmicas a comprar carbón español a cambio de un precio fijo y de la garantía de colocar la electricidad generada. Industria prevé apoyar a estas empresas eléctricas con más de 1.800 millones hasta el año 2014. Las centrales que usan carbón importado, o las empresas que generan electricidad a partir de gas o energías renovables se sienten discriminadas por el decreto del gobierno. Es cierto: el carbón nacional necesita apoyo en un país excesivamente dependiente del exterior en cuanto a energía, pero también es verdad que no es competitivo, porque sale más barato comprarlo fuera. Además, contamina demasiado al ser quemado, lo que contradice los compromisos medioambientales de España para reducir las emisiones de CO2 .

¿Qué opina la Unión Europea?

El gobierno apuesta a que Bruselas apoyará un decreto que ha sido modificado para satisfacer a la Comisión, aunque no hay unanimidad, y mucho menos cuando se habla de las ayudas al sector para los próximos años. Algunos comisarios, como el de Medio Ambiente, Janez Potocnik, lo rechaza frontalmente, precisamente porque va en contra de los objetivos de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 e impulsar las energías renovables. Pero si se supera este escollo, hay un elemento que puede generar aún más incertidumbre en el sector: la Comisión Europea apostó recientemente por cerrar en 2014 las minas deficitarias, es decir, las que necesitan subvenciones públicas para funcionar con normalidad. Es el caso de las minas españolas. Cualquier ayuda dependerá de la existencia de un plan de cierre.

Quizá no todo está perdido porque hace unos días el comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger, abrió la puerta a prorrogar las ayudas a las minas de carbón más allá de 2014. El matiz es que se refirió específicamente a su país, Alemania, el más afectado por la medida junto a Rumanía y España. Y aunque el futuro no pinta bien, las posibilidades de supervivencia del sector minero español dependerán en buena medida de que sea capaz de demostrar que el carbón puede ser compatible con la sostenibilidad ambiental. Si se pone de manifiesto que la quema no ha de suponer irremediablemente la emisión de cantidades estratosféricas de CO2, la minería tendrá otro argumento para reclamar ayudas. Ahí están las plantas de captura de dióxido de carbono para intentar que carbón y medio ambiente no sean enemigos irreconciliables.

Y sí, potenciar el carbón autóctono significa también apostar por la seguridad de suministro eléctrico -tenemos reservas para más de 100 años-, pero es un argumento que puede antojarse insuficiente frente a los objetivos comunitarios y las exigencias de austeridad en el gasto público. El decreto debe permitir dar un respiro a las empresas mineras y a los casi 10 mil puestos directos que mantienen en España, muchos menos de los de hace una década, que podrán cobrar sus nóminas con normalidad y dejar los encierros. Pero el futuro puede acabar pasando por la reconversión de las cuencas mineras: o se lucha a capa y espada por mantener las ayudas públicas o se acepta cerrarlas a partir de 2014. Siempre a cambio de un plan industrial que permita mantener el empleo en unas comarcas que no imaginan la vida sin carbón.