La diplomática boliviana Angélica Navarro, presidenta del grupo de trabajo intergubernamental encargado de redactar la declaración, ha recomendado que el organismo celebre una nueva sesión a mediados de 2014.

En el ínterin, Navarro se ha comprometido a hacer consultas con representantes de gobiernos, la sociedad civil y también de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que promueve la iniciativa a través de su Consejo de Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx

«Desde el comienzo sabíamos que el proceso sería difícil, porque las posiciones de algunos países chocaban con ciertas disposiciones de la declaración», señala Malik Özden, representante del Centro Europa-Tercer Mundo http://www.cetim.ch/es/index.php?currentyear=&pid=, una organización no gubernamental con sede en Ginebra que impulsa la declaración.

Özden nos indica que las naciones industrializadas críticas con el proyecto pretenden suprimir del texto final algunos puntos fundamentales, como los que se refieren al acaparamiento de la tierra y a los derechos de propiedad intelectual sobre técnicas e insumos agrícolas, en particular las semillas.

El proyecto de declaración promueve la protección de los campesinos que trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia, en actividades de agricultura, ganadería, trashumancia y también de artesanía relacionada con la agricultura.

El término «campesino» se aplica igualmente a las personas sin tierra y a familias que se dedican a la pesca, las artesanías para el mercado local o la prestación de servicios.

Además de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el texto reconoce a esa categoría social el derecho a que se le provea de una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles.

También se le atribuye al campesinado el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura.

La declaración ratifica el derecho de los campesinos al acceso a la tierra y al territorio y a beneficiarse de la reforma agraria.

Les reconoce además el derecho a determinar las variedades de semillas que quieran utilizar y a rechazar las variedades de plantas que consideren peligrosas desde el punto de vista económico, ecológico y cultural, aspectos que entran en colisión con intereses de las empresas agroindustriales de carácter transnacional.

Christopher Golay, de la academia de derecho internacional humanitario y de derechos humanos de Ginebra, destaca que el borrador de la declaración consagra derechos individuales que pueden ejercerse de manera colectiva.

Pero en los casos de las semillas y la diversidad ecológica, el proyecto de declaración está consagrando derechos totalmente nuevos, comenta. Sin embargo, Golay observa lagunas, como la ausencia en el texto de referencias a la seguridad social de los campesinos y al amparo de ese sector en los territorios asolados por conflictos.

El grupo de trabajo, que se ha reunido del 15 al 19 de este mes en Ginebra, ha escuchado informes de expertos, académicos y delegados de organizaciones campesinas. Entre los intervinientes, el actual relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, el belga Olivier de Schutter, y su antecesor (2000-2008), el suizo Jean Ziegler, que respaldaron sin titubeos el texto propuesto.

Estados Unidos planteó objeciones jurisdiccionales argumentando que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y sus órganos subsidiarios no son foros apropiados para discutir muchas de las cuestiones que propone la declaración.

Un delegado estadounidense llegó a indicar que el Comité Asesor del CDH, donde se originó la iniciativa a favor de los campesinos, menciona con frecuencia en su informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por esa razón, muchas de estas discusiones deben realizarse también en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, sostuvo.

El Comité Asesor reconoce que el borrador de la declaración incluye nuevos derechos, pero muchos de ellos no son de carácter humanitario, criticó el estadounidense.

También mencionó que la declaración propone otorgar a los campesinos derechos humanos colectivos. «Creemos que los esfuerzos por crearlos para grupos en lugar de hacerlo para individuos son contradictorios con el derecho internacional», expuso, para luego informar que su delegación no estaba preparada para negociar un borrador de este tipo.

La Unión Europea también criticó la creación del grupo de trabajo por parte del CDH y dijo que no participará en la negociación del texto, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir en otros foros la mejora de la situación de los campesinos.

Los países en desarrollo ratificaron que seguirán cuestionando el texto presentado, pero aceptaron que ciertos puntos se podrían corregir para lograr un consenso.

Navarro explica que el grupo tiene autorización del CDH para celebrar sesiones durante tres años consecutivos y esbozó la posibilidad de que una negociación se prolongue, incluso décadas, como ha ocurrido con tratados internacionales de otras materias.

Sin embargo, Özden se declaró optimista, pese a coincidir con Navarro en que el proceso puede durar varios años. Esperamos que los representantes de los estados sean sensibles a los argumentos de los ciudadanos, no solamente a los de las corporaciones transnacionales, puntualizó.

Los documentos presentados a las deliberaciones del grupo de trabajo no precisan la magnitud del campesinado mundial. Una referencia aproximada se encuentra en un estudio de la FAO, que estableció que en 2010 la población mundial económicamente activa en las actividades agropecuarias constaba de 1.394 millones de personas.

Según la FAO, desde 1950, el porcentaje de personas dedicadas a la agricultura desciende sin cesar, en beneficio de otras actividades. También precisa que 1.357 millones de los individuos dedicados a la agricultura en 2010 lo hacían en el Sur en desarrollo y el resto en el Norte industrializado.