La inseguridad jurídica que abre la decisión argentina de expropiar el 51% de la petrolera YPF ha provocado que todas las instituciones de la UE se lancen en tromba en apoyo del gobierno español. Más allá de la retórica de la condena y las advertencias a Argentina, ya se habla de posibles represalias desde Europa. La Comisión tiene abiertas «todas las opciones» para responder a la nacionalización y el Parlamento Europeo plantea suspender las ventajas arancelarias de que disfruta Argentina.
Si el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ya había sido contundente al mostrar su decepción y preocupación ante el gobierno argentino, este miércoles el comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, ha dado un paso más. Además de señalar su temor a que las inversiones italianas en el país sudamericano corran la misma suerte que YPF, Tajani ha asegurado que Bruselas «no excluye ninguna opción» para responder a los planes de Buenos Aires.
A pesar de que se ha dicho que la UE no dispone de instrumentos jurídicos para intervenir en las relaciones comerciales bilaterales de los Estados con países terceros, Tajani ha señalado que los servicios jurídicos de la CE estudian de acuerdo con España las medidas a tomar. Desde la Comisaría de Industria se recuerda que la expropiación de YPF provoca una situación de inseguridad jurídica incompatible con el derecho internacional y la decisión argentina contravendría no solo el tratado bilateral con España, sino el acuerdo marco firmado por Buenos Aires con la UE en 1991, en los que se protegen expresamente las inversiones y se prohíben medidas injustificadas.
Como primera medida, la Comisión ha cancelado las reuniones previstas para la próxima semana con empresarios de Argentina para fomentar las inversiones mutuas, «porque el clima creado por la expropiación no permite que ésta pueda celebrarse», según Tajani.
De momento nadie se atreve a meter en el mismo saco el acuerdo que la UE lleva años sin cerrar con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), pero el comisario de Comercio, Karel De Gucht, anuncia el envío de una carta al ministro argentino del ramo para expresar su inquietud por el impacto negativo de la intervención política.
Entre tanto, desde el Parlamento Europeo se va más al terreno de lo concreto y los grupos popular, socialista y liberal reclaman a la UE medidas de represalia, por lo que consideran un problema para toda Europa y no solo para España. El último borrador de la resolución que se someterá a votación este viernes plantea una suspensión parcial de las ventajas arancelarias que la UE concede a Argentina. Es el sistema generalizado de preferencias del que se benefician las exportaciones argentinas para entrar en el mercado comunitario.
Los eurodiputados consideran «arbitraria» la decisión del gobierno de Cristina Fernández, además de un «ataque al ejercicio de la libre empresa y al principio de certidumbre legal» y piden a la Comisión Europea que responda a las medidas restrictivas de Aregentina con las herramientas que proporciona la Organización Mundial del Comercio y el G20.
Los Verdes del Parlamento Europeo y el grupo de Izquierda Unitaria se han desmarcado de esas críticas y defienden la soberanía argentina para gestionar sus propios recursos. La eurodiputada Ana Miranda, de los Verdes, ha señalado que «el gobierno español confunde los intereses de una empresa con los intereses de Estado».
Sin embargo, el apoyo a España es casi unánime y también desde el Consejo ha habido palabras de respaldo al gobierno de Mariano Rajoy, a través de la presidencia danesa de turno de la UE. El ministro danés de Asuntos Europeos, Nicolai Wammen, dice esperar «que el gobierno argentino preste oídos a este mensaje» porque «estas medidas unilaterales no ayudan al entorno industrial, económico y de inversiones, y dificultan las relaciona entre la Unión Europea y Argentina».
