El acuerdo renovado establece un protocolo de cuatro años y permite a la flota comunitaria un 33 % más de capturas a cambio de 40 millones de euros anuales y una cláusula que permite la suspensión del pacto en caso de vulneración de los derechos humanos.
En el acuerdo anterior la cantidad que se pagaba a Marruecos era de 36 millones de euros, ahora la diferencia la asumirán los armadores.
El Europarlamento no avaló el acuerdo en 2011 por juzgar que no respetaba los derechos fundamentales de la población saharaui, no resultaba rentable para la UE y por no garantizar una gestión sostenible de la pesca.
