Europa y Canadá recogen los frutos tras 5 años de negociaciones. El presidente del Consejo europeo, Herman Van Rompuy y el de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, tras aceptar la invitación del primer ministro canadiense, Stephen Harper, acudieron, el pasado viernes a Otawa, a la cumbre bilateral patrocinada por Canadá para poner fin a las negociones trasatlánticas con la redacción del Acuerdo Global Económico y Comercial (CETA, por sus siglas en inglés). «Hoy es un momento verdaderamente histórico en la evolución de la relación entre Canadá y la UE en el que celebramos el final de las negociaciones del Acuerdo comercial entre Canadá y la UE. El Acuerdo cumple con la promesa hecha en 2009 en favor de la completa liberalización del comercio de bienes y servicios, consecución de nuevas e importantes oportunidades en la contratación pública, formulación de disposiciones para mejorar y fomentar la inversión, y en la mejora y modernización de las normas sobre otras cuestiones relacionadas con el comercio», han afirmado los tres líderes en una declaración conjunta hecha pública tras la celebración de la reunión.

Con el acuerdo comercial CETA, se creará el marco propicio para favorecer las inversiones a un lado y otro del Atlántico al eliminar trabas administrativas y arancelarias en ambos territorios de forma recíproca. Barroso, en la rueda de prensa posterior al acto señaló que el «CETA supone un acuerdo de nueva generación que creará nuevas oportunidades de negocio y de empleo». En cifras, las autoridades europeas y canadienses mantienen las estimaciones que hicieron públicas en el inicio de las conversaciones en 2009: «permítanme recordar que el comercio bilateral se incrementará un 23%», apostillaba Barroso el viernes y los beneficios anuales que traerá para la UE supondrán un aumento del PIB comunitario en 11.600 millones de euros y «un incremento de los flujos de comercio de 25.700 millones».

Los resultados vendrán de la «liberalización en el sector servicios, en particular, en servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, energía y transporte», señaló Barroso.

Respecto al contenido del texto, que se prevé que se haga público «en breve», según Harper; los tres líderes advierten que puede sufrir nuevas modificaciones. Para hacernos una idea del mismo, el primer ministro canadiense ha señalado que «el texto que estamos dando a conocer está basado en el acuerdo preliminar anunciado en octubre», por lo que los numerosos puntos polémicos que disgustan a varios Estados miembros y a organizaciones sociales, permanecerían en los pliegos, pese a las negociaciones constantes que ambos territorios han estado manteniendo en lo que llevamos de 2014.

Estas controversias, todavía presentes, han podido ser el detonante para la ratificación simbólica, pero no efectiva, del texto. Para que entre en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por los 28 Estados miembros y por las 10 provincias y tres regiones de Canadá. En este sentido y conscientes de posibles impedimentos a los que sobre todo Bruselas se puede enfrentar, los tres líderes han anunciado sus intenciones de prestar «su total apoyo para su pronta ratificación» a través de los «respectivos procesos políticos y legales». Incluso Harper reconoció que esperaba «cambios antes de su ratificación», lo que se podría entender como un gesto de cara al Gobierno alemán.

Pese a que los representantes europeos dicen actuar con el apoyo de los 28 Estados miembros, Alemania cada vez que se le presenta la ocasión da un golpe en la mesa. El ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel (líder del SPD, socio de los democristianos de Angela Merkel), mostró su intención de que su Gobierno no firme el acuerdo si no se elimina la presencia de los polémicos tribunales de arbitraje ISDS. Los «acuerdos entre inversor y Estado» permiten a las empresas extranjeras demandar al Estado en caso de que una ley, norma gubernamental, decisión administrativa o sentencia judicial adoptada en el país donde invierten mengue sus beneficios; lo que en varios países, como Australia, se interpreta como un acto contra la soberanía del Estado. «Estoy seguro de que el debate no terminará en mucho tiempo», dijo Gabriel en la sesión del pasado jueves en el Bundestag.

Al recién elegido presidente de la Comisión, y sucesor de Barroso, Jean Claude Juncker, tampoco le gusta este apartado concreto y ya declaró ante el Grupo Verde en el Parlamento su sorpresa por el hecho de que «grandes democracias no tengan fe en el poder judicial [europeo]. Tenemos tribunales, que son capaces de hacer frente a los casos que se señalan, por lo que no estoy muy a favor de lo que se podría llamar «tribunales privados» u órganos de arbitraje que a veces pueden llegar a buenas decisiones, pero no siempre tienen que justificar sus decisiones».

La falta de transparencia supone el otro talón de Aquiles para el Tratado. El pasado mes de julio la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, inició una investigación de oficio para estudiar la transparencia y participación de la ciudadanía en el proceso. Pese a reconocer los esfuerzos de la Comisión en dar a conocer los pormenores de la negociación, hace dos semanas instó a este mismo organismo a que conteste, antes del próximo 31 de octubre, a varias de las preguntas planteadas por la Oficina de la Defensora en el preámbulo del texto de la investigación.

La cumbre también ha servido para escenificar otro apretón de manos celebrando la finalización, también, de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA), considerado el complementario del CETA y de menor calado. Por ese Acuerdo, la UE y Canadá desarrollarán de forma conjunta un amplio abanico de actuaciones: desde la gestión de crisis, políticas de seguridad, flexibilidad migratoria, protección consular y hasta fomento de las culturas y reconocimiento mutuo de títulos universitarios en especialidades industriales. Las negociaciones han durado 3 años y al igual que elel CETA, deberá ser ratificado por los 28 Estados miembros.

Con este acto simbólico, más que cerrarse un ciclo, se da el pistoletazo de salida a la carrera de negociaciones en las que Bruselas deberá participar si quiere conseguir la firma de los 28 y en especial la rúbrica alemana. Más allá de la presencia definitiva o no de los tribunales de arbitraje, lo que probablemente convierta en protagonista a esta nueva etapa será la atención que Washington le va a prestar a la firma del tratado con Canadá. Es un secreto a voces que el acuerdo CETA supone un ensayo del TTIP con el que la UE y EE.UU. están, en estos momentos, en fase de negociaciones. Y precisamente este último acuerdo, es la verdadera joya comercial que a ambos lados del Atlántico se pretende conseguir.