Cerca de dos millones de firmas (en concreto, 1.884.790) han llevado un cubo de agua fría hasta el Parlamento Europeo, que por vez primera en la historia de la UE debate una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Sobre la mesa, tres asuntos clave: el agua como derecho humano, el acceso universal tanto al abastecimiento como al saneamiento y la liberalización de los servicios. El 20 de marzo expira el plazo previsto para que la Eurocámara responda a la campaña Right2Water (Derecho al agua).

Las tres horas y media de encuentro entre los representantes de los comités ciudadanos, los europarlamentarios y la Comisión Europea (CE) corroboraron que la Unión Europea entiende el elemento líquido como un derecho humano básico, pero discrepa en cuanto a su gestión. ¿Pública o privada? Ésa es la cuestión. La audiencia, organizada por la Comisión de Medio Ambiente en colaboración con las comisiones de Peticiones, Desarrollo, Mercado Interior y Protección del Consumidor, se saldó con un debate de posturas encontradas entre las diferentes familias políticas representadas en el Parlamento Europeo.

La demanda de Right2Water es doble: que la CE garantice el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano básico, y que asuma el compromiso legal de que los servicios relativos no serán liberalizados. «La provisión de agua y saneamiento es un servicio público esencial para todos. Es importante que los ciudadanos sean capaces de pagar precios razonables que reflejen sus necesidades, no las de los accionistas de la compañía de distribución. Hoy ya ni siquiera dudan en cortar el servicio a las familias en dificultades», espetó la presidenta del comité ciudadano Right2Water, Anne-Marie Perret, en un encuentro al que asistieron más de 400 personas y que se pudo seguir en directo por internet.

La respuesta de los europarlamentarios fue unánime con respecto a la primera cuestión, tal y como reflejan las palabras del presidente del Comité de Medio Ambiente, Matthias Groote: «El Parlamento reconoce que el agua es un bien común de la humanidad y un bien público, que el acceso al agua debe constituir un derecho fundamental y universal. Tenemos que hacer más para fomentar la participación de todos los actores de nuestra sociedad para asegurarnos de que la protección de los recursos hídricos y del agua potable se refleja en todas nuestras políticas».

¿Un producto más?

A partir de aquí, las discrepancias. Por un lado, la postura de Los Verdes / Alianza Libre Europea, representados por el alemán Gerald Häfner: «Estamos cambiando el modo de escucha. El agua es un derecho humano y deber permanecer en manos públicas». Por el otro, la respuesta del Partido Popular Europeo (PPE), quien en boca del austriaco Richard Seeber recordó que el «el agua debe ser accesible y asequible para todos. Pero esto está organizado y debe dejarse a los Estados miembros».

La pelota iba de un campo a otro de manera constante. «La liberalización beneficiará a las grandes multinacionales en detrimento de los ríos y de las área locales, que preferirán un acercamiento más verde, más inclusivo», argumentaba Perret. «Es caro ofrecer agua de calidad», respondía el británico Chris Davies, de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, que puso como ejemplo el sistema del Reino Unido y recordó que el sector privado puede asegurar la eficiencia del suministro a un coste asumible para las autoridades locales.

Se calcula que actualmente un tercio de la ciudadanía europea ya recibe el agua a través de sistemas privados. En este sentido, la francesa Sophie Auconie (PPE) subrayó que el oro azul puede ser considerado un bien básico, mientras que el grifo y las tuberías que lo trasladan pueden ser gestionados de forma privada: «En Francia, tanto los operadores públicos como los privados son capaces de suministrar agua de calidad sin omitir las realidades sociales, a través de precios adecuados y de mecanismos de solidaridad». Una vez más, la repuesta era contundente: «Los derechos humanos prevalecen sobre cualquier otro asunto. El agua no es un producto más. Nadie debería poder apropiarse de ella para sacar beneficio», aseguraba el dirigente sindical alemán Erhard Ott.

Hace un año euroXpress informaba de la creación de que una campaña de ámbito europeo recogía firmas por todo el continente. Cinco meses después la propuesta ya había alcanzado la presión necesaria para convertirse en la primera ICE. El desenlace se resolverá antes del próximo Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. Por ahora, el balance del vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, prefiere resaltar «un buen día para enraizar la democracia. Estoy muy contento de encontrarme con los organizadores de esta Iniciativa Ciudadana Europea. Su presencia muestra el éxito de nuestros esfuerzos conjuntos para que funcionara esta nueva herramienta de democracia participativa. Es algo positivo, especialmente en un año electoral, pues muestra que es posible movilizar y motivar a los ciudadanos allende las fronteras».

Alemania, clave en la primera ICE

El Tratado de Lisboa introdujo la posibilidad de que la ciudadanía europea participe de forma directa en una instancia supranacional como la Comisión Europea. Para que una Iniciativa Ciudadana Europea tenga validez y sea examinada requiere reunir un millón de firmas recogidas, en un plazo máximo de doce meses, en al menos siete Estados miembros de la Unión, con unas cuotas determinadas por Estado según el número de habitantes.

El 9 de mayo de 2012, apenas un mes después de que se abriera la puerta, nacía la primera campaña ciudadana: Fraternité 2020 pretendía fomentar los programas de intercambios promovidos por la UE, como las becas Erasmus y el Servicio Voluntario Europeo, para configurar una Europa más unida. Pero la propuesta apenas alcanzó las 70.000 rúbricas.

Hubo que esperar hasta el 21 de marzo de 2013 para ver a la primera ICE superar el corte. Right2water ha sido posible gracias al apoyo cosechado en trece Estados. Alemania (con 1.382.195 apoyos) ha sido el país que más se ha volcado con la iniciativa, que también ha logrado resultados satisfactorios en Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España (65.880 firmas), Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Lituana, Luxemburgo y Países Bajos.