Este nuevo sistema, que entrará en vigor el domingo, garantiza a las víctimas poder viajar tranquilas por los países de la Unión mediante una sencilla gestión de transferencia de la orden. Con este avance se suprimen así los largos trámites que antes tenían que realizar para que las órdenes fueran compatibles en otros países de la UE.

La garantía de que las órdenes se cumplan reside en que el mecanismo tiene dos instrumentos: el Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil y la Directiva sobre la orden europea de protección, los cuales también reflejan las diferencias entre las medidas de naturaleza civil, penal o administrativa de cada país.

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha asegurado que «el procedimiento garantiza a las víctimas de la violencia, hombres o mujeres, la protección que merecen y la posibilidad de proseguir sus vidas en paz. Podrán transferir su residencia a otro Estado miembro de la UE o salir de vacaciones al extranjero sin temer por su seguridad».

Un dato sobrecogedor

La misma comisaria también ha indicado que «en la UE, una de cada cinco mujeres sufre violencia en algún momento de su vida y, lamentablemente, los perpetradores de esa violencia física suelen ser personas cercanas a las víctimas, como sus parejas». Estos datos están corroborados por el informe publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea «Victims of crime in the EU».

Según este estudio, a pesar de los avances conseguidos, muchos países tienen serias carencias en este aspecto, por lo que además de este nuevo sistema también recomienda la implantación de otros servicios a las víctimas como la asistencia postraumática y psicológica, la eliminación de barreras burocráticas para la asistencia jurídica de las víctimas y campañas de información.

El próximo 16 de noviembre de 2015 adquirirá carácter vinculante una Directiva europea aprobada en 2012, la cual establece las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos. Por lo que junto a la nueva medida la UE garantiza su protección a los ciudadanos independientemente de su lugar de origen y el lugar de la infracción que sufrieron.