Es una medida de transición hasta que entre en vigor en 2020 el acuerdo que adoptaron hace dos semanas en Montreal los 191 miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), entre los que figura la propia UE, para reducir emisiones a partir de un «mecanismo comercial global».
La comisaria europea cree que todo habría sido más sencillo si la mayoría de la OACI no se hubiera opuesto al esquema europeo. La UE ya tenía previsto desde 2012 cobrar una tasa verde a la aviación internacional mucho más amplia, pero con ese acuerdo sobre la mesa ahora tendrá que cambiar su legislación.
El planteamiento original europeo consistía en cobrar a las aerolíneas con origen o destino en la UE por el CO2 que emitieran durante todo el trayecto intercontinental. La Unión Europea ya cobra una tasa verde a las aerolíneas europeas por las emisiones dentro de su territorio, pero tuvo que aplazar un año sus planes de extender la medida a la aviación internacional para evitar una guerra comercial con EE UU, Rusia, China e India.
El próximo 30 de abril concluye el plazo de suspensión. Estos países clamaban que Bruselas no tenía derecho a imponer medidas de este tipo a operadores aéreos de fuera de la UE sin un acuerdo previo con esas naciones no comunitarias. Ahora, vistas las circunstancias, según la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, han planteado una «solución temporal» hasta que entre en vigor el acuerdo de la OACI.
La comisaria europea explicó que todo habría sido más sencillo si la mayoría de sus miembros no se hubieran opuesto al esquema europeo y hubiesen permitido a la aviación contribuir a los esfuerzos de reducción de emisiones de la UE desde ya, en lugar de tener que esperar al acuerdo global.
La propuesta presentada este miércoles tiene varias excepciones respecto a la inicial: El cobro se limita a las emisiones que los vuelos internacionales emitan a su paso por el espacio aéreo europeo. Se aplicará a la distancia que vaya desde el aeropuerto comunitario de aterrizaje o despegue hasta el punto más alejado de la costa del territorio comunitario.
La propuesta excluye los territorios no comunitarios —como Suiza, Serbia o Montenegro— que crucen en su desplazamiento, pero incluye a Noruega e Islandia así como 12 millas náuticas más allá de las costas de Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal y España.
En un vuelo Londres-Nueva York, por ejemplo, la aerolínea solo pagará a la UE por el CO2 que emita a su paso por Inglaterra e Irlanda, pero quedará exenta para el resto del trayecto. Quedarán excluidos todos los países en desarrollo que emitan menos del 1 % de las emisiones globales de la aviación, así como las emisiones de todos los vuelos entre aeropuertos de regiones europeas ultraperiféricas y terceros países.
Las emisiones de los vuelos entre aeropuertos comunitarios y aeródromos de territorios autónomos de Estados miembros que no forman parte de la UE (como Groenlandia o las Islas Faroe) también quedan exentas. Con esta fórmula, la compañía aérea pagaría como máximo un 10 % de lo que se había previsto en el planteamiento original de la UE.
La comisaria ha dicho que «Europa debe insistir en su derecho soberano a regular la aviación en su propio espacio aéreo» y confía en que los países ajenos a la Unión Europea (UE) entiendan y respeten la medida.
