En Bruselas ya hay abierto un procedimiento de infracción contra Francia por el llamado impuesto de las telecomunicaciones, la tasa que las empresas del sector deben pagar para compensar la supresión de la publicidad en la tele pública. Es el modelo que España copió para TVE, que ahora está paralizado y examinado por la Comisión europea.
La comisaria Viviane Reding, todavía responsable de Sociedad de la Información, no ha dejado lugar a dudas. «No sólo estos nuevos impuestos a los operadores parecen incompatibles con las normas europeas, sino que afectan a un sector que es hoy en día uno de los principales motores del crecimiento económico. Además, existe un riesgo real de que el impuesto se repercuta a los clientes, en un momento en que estamos intentando precisamente que baje la factura para los consumidores.»
El gobierno francés estableció un impuesto del 0,9 % sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones con el que compensa la disminución de ingresos en la televisión pública por haber suprimido la publicidad. La Hacienda francesa calcula que recaudará unos 400 millones de euros además de los ingresos que aportarán las cadenas privadas de tv por sus ingresos publicitarios.
Telefónica, Vodafone, Orange y Ono consideran que no obtienen ningún beneficio con el fin de la publicidad en RTVE, de modo que recurrieron la tasa impuesta ante los tribunales españoles y comunitarios, que aún no han resuelto.
El expediente abierto ahora a Francia desde Bruselas es un indicador de por dónde pueden ir las cosas, que no pintan muy bien para la televisión pública española. euroXpress
