La presidenta argentina, Cristina Fernández, lleva desde hace un tiempo tomando medidas restrictivas contra las importaciones. «Las condiciones para el comercio y las inversiones en Argentina están empeorando claramente. Y esto nos obliga a impugnar el régimen proteccionista de importación argentino para garantizar el mantenimiento de las normas a favor de un comercio libre y justo», ha dicho el comisario de Comercio, Karel de Gucht.

La denuncia la ha iniciado la UE en solitario, pero podrían sumarse a ella otros países. El pasado 30 de marzo, 19 países, entre ellos Estados Unidos, Japón o Australia, firmaron una declaración conjunta que instaba a Argentina a levantar las restricciones.

Entre ellas, la medida de que todas las mercancías necesitan un régimen de autorización previa y de preinscripción, además de una licencia de importación. Estos procedimientos retrasan la entrada de las mercancías o hacen que sean rechazadas por razones poco claras. A principios de 2011 este sistema de licencias afectaba a más de seiscientos tipos de productos, como la maquinaria eléctrica, las piezas de los vehículos o los productos químicos, desde febrero de 2012 se aplica a todas las importaciones.

Argentina, exige también que los importadores equilibren lo que se compra con lo que se vende, o que incrementen en Argentina el contenido de los productos que fabrican, o que no transfieran sus ingresos al extranjero. Esta práctica no es explícita ni es lo suficientemente transparente, pero si los importadores la aceptan sus licencias se agilizan.

Todas esas restricciones ocasionan importantes pérdidas a la industria de la UE. En 2011, las medidas afectaron a unos 500 millones de euros. En 2012 será notablemente mayor.

La UE exportó a Argentina en 2011 productos por valor de 8.300 millones de euros, las importaciones a la Unión fueron en el mismo año de 10.700 millones de euros. Europa importa sobre todo productos agrarios (productos alimenticios y animales vivos, un 53 por ciento); productos químicos un 16 por ciento; materias primas un 14 por ciento. Exporta principalmente productos manufacturados, maquinaria y equipos de transporte (Automóviles y sus piezas, un 50 por ciento) y productos químicos un 20 por ciento.

El procedimiento de denuncia ante la OMC tiene varias etapas, se inicia con la posibilidad de que las dos partes debatan la cuestión y puedan llegar a una solución. Si eso no sucede, en el plazo de 60 días, la UE puede solicitar que se cree un grupo especial que estudie el problema y se pronuncie sobre la legalidad de las medidas argentinas.

El procedimiento dura varios años. Si Bruselas gana el caso se impondrán sanciones a Buenos Aires.

El caso no tiene ninguna relación con la petrolera Repsol YPF. La nacionalización de esta última no ha sido denunciada a la OMC porque se trata de un caso de «expropiación de una inversión» que no tiene nada que ver con el comercio. La UE está «considerando todas las opciones disponibles» para responder al caso.