La primera misión militar lanzada por la Unión Europea con el objetivo de combatir la inmigración irregular en aguas del Mediterráneo se llamará EUNAVFOR MED, en alusión al carácter europeo, naval y mediterráneo de la misma. «Hemos demostrado que cuando hay voluntad política se puede actuar rápido», se felicitaba al término de la reunión Federica Mogherini, alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea.

Según lo acordado por los ministros de Exteriores y Defensa, la operación se llevará a cabo en tres fases. El primer objetivo será recabar información sensible para detectar los barcos fletados por mafias, de manera que se consiga pararlos antes de que zarpen de Libia. Se trata de una tarea que no resultará fácil dada la inestabilidad que asola la zona. Cuando esto no sea posible, en una segunda fase, las tropas, que previsiblemente estarán al mando del contraalmirante italiano, Enrico Credendino, procederán a la captura, abordaje y desvío en alta mar de las embarcaciones fletadas por mafias.

Aunque estos asaltos únicamente podrán hacerse en los barcos que estén en alta mar y que no tengan bandera alguna o que en el caso de tenerla, ésta pertenezca a un país que autorice a la Unión Europea a hacerlo. Según han explicado al término de la reunión, el objetivo es que en una tercera fase se puedan abordar los barcos también en aguas de Libia, aunque para ello será necesario un aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o bien el permiso de Libia, algo que parece complicado al no existir un Gobierno estable en el país.

En cuanto al destino final de las embarcaciones interceptadas, los ministros de Exteriores y Defensa de los 28 han optado por evitar la expresión «destruirlos», que había levantado algunas suspicacias en los últimos días. Según el documento final, el destino de estos barcos será «deshacerse de ellos» o «inutilizarlos». La operación, que previsiblemente entrará en funcionamiento el próximo mes de junio, necesita ahora el visto bueno de la ONU. Mogherini también ha expresado su deseo de contar con el apoyo de Túnez y Egipto, ambos países fronterizos con Libia.

Discrepancias con las cuotas

Además del destino final que se pueda dar a las embarcaciones interceptadas, otra de las partes más controvertidas del acuerdo ha sido establecer qué pasará con los inmigrantes una vez rescatados. La Unión Europea ha establecido un sistema de cuotas según el cual los refugiados se distribuirán entre todos los Estados miembros a pesar de que hayan entrado por el Mediterráneo. Para el cálculo se han utilizado criterios como el tamaño de la Economía, la población, la tasa de paro o los esfuerzos que el país haya hecho en materia de inmigración.

Sin embargo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, ya ha mostrado su discrepancia con los criterios que se han utilizado para establecer las cuotas. Critica que no se haya tenido en cuenta «el inmenso esfuerzo» que ha hecho ya España para controlar la inmigración ilegal y entiende que se están «infravalorando» algunos aspectos «capitales para la capacidad de integración de un país», como es la tasa de desempleo.

Y es que según el sistema establecido por la Comisión, la población y el PIB pesan un 40%, respectivamente, en el cálculo de la cuota mientras que el paro sólo cuenta un 10%. Con estas proporciones, España tendría que acoger al 9,1% de los refugiados; es decir, unos 1.600 de los 20.000 inmigrantes ilegales que según los cálculos de Bruselas se espera que lleguen a Europa. «Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo solidario que se nos pida, pero debe ser un esfuerzo proporcionado, justo y realista. Y, en mi opinión, los criterios que maneja la Comisión no lo son», ha añadido el ministro. España sí se ha comprometido a aportar a la misión un buque y un avión de vigilancia marítima.

El reparto de inmigrantes tampoco termina de convencer a otros países de la Unión. «Los refugiados deben ser repartidos entre los Estados miembros de forma más equitativa», aseguraba el primer ministro Francés, Manuel Valls, durante un acto el pasado fin de semana. El Reino Unido también ha mostrado su rechazo. El Ministerio del Interior ha anunciado en un comunicado su intención de ejercer su derecho a no sumarse a la iniciativa.