La operación policial, aprobada por el Consejo Europeo a instancias de la presidencia italiana el pasado 10 de julio, ha despertado las protestas y quejas de los colectivos de defensa de los derechos de los inmigrantes. Han tachado a Mos Maiorum –locución latina que significa 'la costumbre de los ancestros'- de «cacería de migrantes».

Desde Frontexit –una campaña de varias organizaciones por la defensa de los derechos humanos de los migrantes- critican además que el Parlamento Europeo «parece no haber estado al tanto del proyecto», que está siendo coordinado por el Ministerio de Inmigración de Italia, con el apoyo de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) y Europol.

«Una vez más, la residencia ilegal es considerada un delito penal, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Una vez más, los solicitantes de asilo se ven como posibles defraudadores. Una vez más, la recogida de datos de carácter personal sirve de verdadera cacería del 'indocumentado'», lamentan desde esta campaña. Y añaden que, «a través de este tipo de operaciones, las instituciones de la UE alimentan la fantasía de una invasión criminal en Europa». Por todo ello, hablan de «política discriminatoria» de Frontex y de un obstáculo de los derechos de los migrantes y refugiados.

El comunicado de las 21 organizaciones que conforman Frontexit insiste en que «la migración no es un delito. Los migrantes no son una amenaza. Los refugiados tienen derecho a la protección internacional. Europa tiene que poner fin a esta guerra asesina, de la que Frontex es el símbolo».

«Los instrumentos de control, como la operación Mos Maiorum, son utilizados para justificar redadas con un claro perfil racial, absolutamente ilegales según la legislación española, que criminalizan a las personas migrantes al ser sometidas a identificaciones y detenciones en lugares públicos, afectando a su dignidad personal y conculcando sus derechos fundamentales», expone por otro lado un documento firmado por 37 colectivos de España contra esta «redada». En el mismo, solicitan al Ministerio del Interior garantías de que la policía no se servirá de perfiles raciales para identificar inmigrantes en situación irregular.

La macro operación policial se ha puesto en marcha apenas una semana después de los actos de conmemoración de la terrible tragedia de Lampedusa, ocurrida hace un año. Desde principios de 2014, más de 3.000 personas han muerto en el Mediterráneo. «El diálogo de sordos ha alcanzado su punto máximo», finaliza la nota de Frontexit, en la que se insiste en que los anuncios por parte de la Comisión Europea de medidas enérgicas para detener el «drama de la migración» son «letra muerta» y se denuncia la falta de mecanismos de atención y rescate para las personas migrantes.