Pese a la importancia de la herida que tenía en una pierna, lo mantuvieron en un campamento de detenciones en la nororiental región griega de Orestiada, donde según narra apenas lo arrestaron le confiscaron sus pertenencias y su dinero, que nunca le devolvieron. Luego fue acosado verbal y físicamente en múltiples ocasiones.
Alhamauun se quejó de los malos tratos a una delegación de funcionarios europeos que visitó el campamento de Fylakio, donde estuvo detenido durante octubre. «Cuando se fueron, fui maltratado físicamente por haber hablado con ellos», nos cuenta en una entrevista telefónica. En protesta, Alhamauun inició una huelga de hambre y fue hospitalizado antes de ser devuelto a Turquía.
Su caso no es único en Grecia, donde la financiación de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, permite operaciones masivas de control de migraciones que han derivado en una serie de violaciones a los derechos humanos.
Ahora, se evalúa prolongar esa financiación varios meses más, pese a que los funcionarios europeos tienen pleno conocimiento de la detención indiscriminada de los solicitantes de asilo, así como de las condiciones inhumanas en los centros de detención de todo el país.
En agosto, la policía griega desplegó 1.881 nuevos oficiales a lo largo del río Evros en la «Operación Aspis», un intento por sellar la frontera con Turquía, a través de la cual los refugiados sirios estaban entrando a Grecia.
Mientras, la permanente «Operación Xenios Zeus», que se realiza en todo el territorio nacional, ha derivado en 4.849 arrestos de inmigrantes indocumentados o de refugiados. También se efectuaron unas 90.000 detenciones basadas en perfiles fuertemente raciales elaborados por las autoridades.
El inicio de estas operaciones coincidió con el comienzo de una gran crisis humanitaria en Siria, donde los combates se trasladaron a los grandes centros urbanos y se disparó la cantidad de refugiados que huían a países vecinos.
A fin de alojar a los inmigrantes arrestados, el gobierno empezó a transferir detenidos a campamentos improvisados que antes habían sido academias de policía y viejos depósitos militares, como Xanthi y Komotini, en el norte de Grecia, Corintos en el Peloponeso, y Paranesti en la nororiental región de Drama.
Estos establecimientos, según nos han revelado exreclusos como Alhamauun, a menudo son «agujeros negros» en materia de derechos humanos. A los solicitantes de asilo se les mantiene también en celdas de comisarías policiales locales o en otras instalaciones improvisadas en todo el país. El período de detención puede durar entre 12 y 18 meses.
Un informe publicado en diciembre de 2012 en el diario británico The Guardian presentó serias acusaciones de que la celebrada operación policial en el Evros significó hacer retroceder a los refugiados sirios que llegaban a la frontera nororiental.
Lathra, una organización que protege los derechos de los refugiados y que tiene su sede en la isla de Quíos, cercana a la costa turca, informa de que la guardia costera retiene a grandes cantidades de inmigrantes -entre ellos refugiados sirios, mujeres embarazadas, niños y niñas- en un contenedor de madera de 36 metros cuadrados, ubicado en el puerto.
Desde agosto del año pasado, al menos 84 personas, sirios entre ellas, fallecieron en naufragios que se produjeron en aguas turcas, mientras intentaban llegar a Grecia. Aunque operaciones como Aspis y Xenios Zeus han sido consideradas como grandes «éxitos» desde el punto de vista de las autoridades, Grecia tiene recursos limitados con los que continuarlas.
La Comisión Europea parece estar al tanto del resultado de estas operaciones, dado que en septiembre se embarcó en una misión de seguimiento vía rápida de la situación en la frontera norte de Grecia y de los campamentos de detención.
La Comisión admitió por escrito, a una pregunta que le hicimos, que el propósito del viaje fue evaluar el presupuesto requerido para estas operaciones. Desde entonces, múltiples delegaciones de funcionarios europeos y organizaciones internacionales han dado testimonio negativo sobre la situación en Grecia.
En una visita al país entre el 28 y el 30 de octubre, un Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos exigió el cierre de varios campamentos de detención y exhortó al gobierno de Atenas a acelerar la creación de un nuevo sistema de asilo que transferiría la responsabilidad de la policía a una estructura civil.
Dos semanas antes, el 8 de octubre, la comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmström, había visitado al menos uno de los centros de detención cuestionados. En su blog personal, la comisaria escribió que había hablado con solicitantes de asilo detenidos y que «las condiciones humanitarias son muy elementales, en algunos lugares directamente terribles. Algunos centros deberían clausurarse por completo; otros se están abriendo y están bastante bien».
Pero, en agosto de 2012, la organización Médicos Sin Fronteras nos describió las condiciones en estos nuevos centros, de Xanthi, Komotini y Corintos como de estándar inferior al aceptable. Solo el centro de detenciones de Amygdaleza, en Atenas, fue descrito por todos como un lugar aceptable.
Pese a estas conclusiones de expertos y funcionarios, los inmigrantes tienen muy pocas posibilidades de ser resarcidos. A cuatro sirios arrestados junto con Alhamauun se les acusó de ser culpables de iniciar desordenes dentro del campamento de Fylakio, cargos de los que él fue absuelto.
Las demandas judiciales contra agitadores, que principalmente protestan contra las condiciones en las que viven en los campamentos de detención, son un nuevo fenómeno en Grecia, que se produce tras la implementación de la política migratoria presentada en agosto por el ministro de Orden Público, Nikos Dendias.
A comienzos de octubre pasado, 15 inmigrantes comparecieron ante tribunales de la noroccidental ciudad costera de Igoumenitsa por escapar de un campamento que se había ganado la reputación de ser «el peor del país».
Tras escuchar que vivieron condiciones de detención extremadamente duras, que incluían estar encerrados las 24 horas del día, el tribunal los absolvió al dictaminar que su caso era una «violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos» y a la Directiva Europea del Retorno.
