El Consejo europeo rechaza la propuesta de la canciller alemana, Angela Merkel, para aplicar sanciones políticas, además de las económicas, a los países incumplidores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Berlín, con el apoyo francés, propone que se retire el derecho de voto a los Estados que no tomen las medidas necesarias para controlar el gasto público.
Los 27 han aprobado el paquete de medidas sancionadoras ya revisado por los ministros de Economía y rebajado sobre las pretensiones de la Comisión europea. Nadie quiere que se repita una crisis como la de Grecia que, a principios de año, llevó a la zona euro al borde del colapso. Por eso, todos están de acuerdo en prever y actuar con más cautela y castigar a quien no siga las recomendaciones de Bruselas.
Sin embargo, Merkel y Sarkozy, de espaldas a sus colegas comunitarios, pactaron una propuesta mucho más dura que incluye la retirada del derecho de voto para los Estados miembros indisciplinados. Y este jueves en Bruselas le han dicho que no. Sólo Francia y quizá Finlandia apoyan la medida. Tanto el presidente de la Comisión europea, José Manuel Durao Barroso, como el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, la han calificado de inaceptable.
Sí a la reforma del Tratado para crear el fondo permanente
Los jefes de Estado o de gobierno de la UE sí han aceptado la otra propuesta franco-alemana para que el fondo de rescate creado en la Unión tras la crisis de Grecia se convierta en permanente.
Una y otra propuesta requieren una reforma del Tratado de Lisboa, cuya aprobación necesitó de una década de negociaciones y provocó referendos fallidos en Francia, Holanda e Irlanda. Pero mientras la primera, por afectar a derechos políticos, obliga a la ratificación de los parlamentos nacionales o, en su caso, a convocar nuevas consultas; la segunda podría incluirse en el Tratado con un procedimiento simplificado y menos peligroso políticamente.
La canciller alemana argumenta que la reforma del Tratado es necesaria para evitar que el Tribunal Constitucional de su país bloquee su puesta en marcha, como ya ha avisado. Para presionar a sus socios, ha reiterado que Francia y Alemania aportan más de la mitad de los 750.000 millones de euros con que está dotado el actual fondo, en vigor hasta 2013.