El espacio aéreo de la UE cuenta con reglas comunes, principalmente en materia de seguridad aérea, medio ambiente, derechos de los pasajeros, gestión del tráfico aéreo y temas sociales. Cuestiones todas ellas a las que se integra Israel. Y es que ahora, las compañías aéreas de la UE podrán realizar vuelos directos desde cualquier país. También las compañías israelíes podrán aterrizar en cualquier aeropuerto europeo, ya que las restricciones actuales se irán eliminando progresivamente desde este año hasta 2019.

«Esperamos un aumento en el número de vuelos directos desde y hacia Israel, una disminución de precios, la creación de nuevos puestos de trabajo y beneficios económicos para ambas partes», ha expresado el comisario europeo de Transportes, Siim Kallas. Un estudio comparativo del número de vuelos y destinos ha cifrado en un incremento general del 15%.

Con casi 7millones de pasajeros la Unión Europea es el principal mercado de Israel en transporte aéreo representando un 57% de la actividad del aeropuerto internacional Ben Gurión, con casi siete millones de pasajeros al año.

Entre las compañías más beneficiadas se encuentran, la israelí El Al que aumentará sus conexiones con Londres y París con hasta cinco y cuatro vuelos diarios respectivamente, Israir que empezará a volar a Madrid, Munich, Stuttgart y Budapest, y Arkía que ha elegido otros destinos como con Lleida (España), Tbilisi (Georgia), Yerevan (Armenia), Odessa (Ukrania) y Mikonos (Grecia).

Este tipo de acuerdos tiene su origen en 2007 con la firma de un tratado en Washington entre la Unión Europea y EEUU con el objetivo de permitir que las aerolíneas europeas y estadounidenses pudieran explotar con más libertad nuevas rutas .

En él, EEUU se comprometió a modificar la norma que limitaba la participación extranjera en aerolíneas estadounidenses al 25% de los derechos de voto. Y como contrapartida, los europeos relajaron las restricciones al ruido en los aeropuertos para facilitar las operaciones de las aeronaves estadounidenses, suprimiendo a su vez el límite, por aquel entonces vigente, del 49% de capital extranjero en compañías europeas. Según Bruselas, esto supuso unos beneficios de 12.000 millones de euros y la creación de hasta 80.000 millones de puestos de trabajo.