Fue necesaria la intervención directa de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ante el Instituto de Finanzas Internacionales, para conseguir que la banca privada asumiera una quita del 50% de la deuda griega, en lugar del 21% pactado en julio. Era el mínimo que se habían planteado los líderes comunitarios para aprobar el segundo rescate a Grecia, que dispondrá de un fondo de 130.000 millones de euros. Según Merkel, así se recortará el nivel de deuda de Grecia hasta el 120%, en lugar del 180% previsto para 2012.
El segundo pilar de la reforma es la reforma del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que multiplicará su capacidad de actuación con una capacidad de un billón de euros, que garantiza la actuación europea ante posibles rescates a España o Italia. Se buscará la participación de China en la financiación.
La recapitalización bancaria es la tercera pata del acuerdo. Harán falta 106.000 millones de euros para inyectar capital a los 70 mayores bancos europeos para que alcancen un ratio de capital de calidad del 9% y así puedan resistir la presión de la crisis de deuda. El camino previsto es que los bancos busquen capital privado. Si no lo encuentran, podrán recurrir a ayudas nacionales de sus propios países y, en último extremo, al fondo de rescate europeo. Hasta que no logren el capital exigido, no podrá haber bonus ni dividendos.
De la cantidad prevista en total, 26.000 millones corresponden a los bancos españoles, según la Autoridad Bancaria Europea, pero el gobierno español rebaja la factura hasta 17.000 millones al tener en cuenta los bonos convertibles en poder de las entidades. Santander, BBVA, Bankia, La Caixa y Popular son los bancos afectados. La ministra de Economía, Elena Salgado, confía en la «capacidad de la banca española para encontrar capital por sí misma y que no necesiten ayudas públicas, que están ahí».
Los líderes del Eurogrupo pidieron a España más esfuerzos para estimular el crecimiento y advirtieron a Italia sobre la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos y no aplicados con la UE.