Dos condenados a pena de muerte por terrorismo en Bielorrusia han sido ejecutados este fin de semana entre protestas de la comunidad internacional y de la propia Unión Europea, que ha exigido al gobierno de Lukashenko una moratoria de la pena capital en el único país de Europa que la aplica.

La Alta Representante de la Política Exterior europea, Catherine Ashton, ha dicho en un comunicado que «la pena de muerte es un castigo cruel e inhumano que falla como elemento disuasivo y representa una inaceptable negación de la dignidad e integridad humanas».

Vladislav Kovaliov y Dmitri Konoválov, fueron condenados a muerte el pasado noviembre como culpables del atentado terrorista en el metro de Minsk, en el que murieron 15 personas y otras 200 resultaron heridas. Durante el juicio, Kovaliov aseguró que él nunca había confesado su participación en el atentado y que había testificado contra su compañero, tras escuchar sus gritos desde una celda cercana.

Ashton dice ser consciente de los «terribles crímenes» de los que se les acusa, pero afirma que los condenados no tuvieron el proceso judicial apropiado, incluyendo el derecho de defensa». En términos similares se ha pronunciado el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Jean-Claude Mignon, quien ha señalado que la pena de muerte «es una práctica que no tiene lugar en una sociedad civilizada».

El Parlamento Europeo también había aprobado esta semana una resolución contra la pena de muerte en Bielorrusia. La ONG rusa Grupo de Helsinki en Moscú ha calificado la ejecución de horror y ha puesto en duda la autoría de los acusados.

El caso viene a enturbiar más las tensas relaciones con la UE, que ha endurecido las sanciones contra el gobierno dictatorial de Lukashenko, congelando los bienes de altos cargos bielorrusos, y ha llamado a consultas a sus embajadores en Minsk. Bruselas exige la liberación de opositores al régimen y la abolición de la pena capital.

Pero el gobierno bielorruso mantiene el pulso diplomático y llamó a sus embajadores en Bruselas y Varsovia, haciendo caso omiso de las acusaciones que llegan desde la UE. El ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, declaró hace dos semanas que Bielorrusia «es la última dictadura de Europa y no dejaremos que nos intimide con acciones contra cualquier institución europea o contra alguno de sus países miembros». Lukashenko le respondió poco después que «es mejor ser dictador que gay».