Fuentes comunitarias han indicado hoy que la adopción de las sanciones se producirían durante la tarde. Sin embargo, se han retrasado hasta ya entrada la noche, debido a las reticencias de algunos países del centro y este de Europa, entre los que destaca Finlandia, según confirmaron fuentes diplomáticas.
Los embajadores de los Veintiocho se han reunido de nuevo para discutir los posibles escenarios, en caso de que el alto el fuego se mantenga. Según palabras del primer ministro finlandés, Alex Stubb, a través de la red social Twitter, espera que «la situación en Ucrania mejore lo antes posible», con el objetivo de que las sanciones ya no sean «necesarias».
Estas medidas tienen el objetivo de ampliar las adoptadas a finales de julio y afectarían a los bancos estatales rusos el acceso a los mercados de capital europeos, un embargo a la exportación de armamento y de defensa, así como bienes de doble uso civil y militar, y tecnología sensible, incluido el sector energético.
El derribo del avión MH17, supuestamente perpetrado por los rebeldes pro rusos que combaten en el este de Ucrania, y ahora «el despliegue de soldados» provenientes de Rusia y «la entrada de armas», según Van Rompuy, en territorio ucraniano ha precipitado unas sanciones que los Veintiocho decidieron ampliar el pasado 30 de agosto, en la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. No obstante, ante el alto el fuego entre Kiev y Moscú pactado el pasado viernes, las nuevas sanciones adoptadas hoy esperarán para ver cómo evoluciona el proceso de paz.
La UE adoptó a finales de julio medidas contra el armamento, una de las sanciones más controvertidas y de carácter no retroactivo, que afectaba, en especial, a Francia. Según la normativa comunitaria, la exportación de armamento «es competencia de los Estados miembros», por lo que daba luz verde a Francia para vender sus buques militares tipo Mistral a Rusia, un contrato que ascendía a 1.200 millones de euros, aunque París paralizó su envío provisionalmente la semana pasada.
Otra de las medidas implementadas desde entonces, es la prohibición a los ciudadanos europeos de invertir en acciones o en la deuda que emita cualquier banco ruso que tenga un capital público mayor al 50% y cuyos activos deberán tener una madurez superior a 90 días. Según calcula el Ejecutivo comunitario, la restricción a acceder a los mercados dañaría seriamente la economía rusa que tendría problemas para poderse financiar.
En materia energética, las sanciones afectan a la exportación de tecnología que Rusia necesita en sus exploraciones en el Ártico y de gas esquisto, pero no a las de gas y de petróleo, puesto que afectaría severamente a los países del centro y este europeos, notablemente a Alemania, Países Bajos, Italia y Francia, muy dependientes del gas ruso.