El grupo, integrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, representa a los acreedores internacionales y es acusado de exigir reformas económicas que han sumido a los países insolventes europeos en una profunda recesión, en menoscabo de los derechos humanos.

Una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizó una visita de investigación a Grecia para evaluar los efectos de la crisis en materia humanitaria y plantear la necesidad de responsabilizar a los culpables de las violaciones.

«La finalidad de nuestra visita era recolectar pruebas de que las medidas de austeridad y las reformas estructurales que el gobierno ha aplicado como condición del rescate han provocado una situación en la que los derechos económicos, sociales y políticos y los fundamentos democráticos en los que se basa el Estado están amenazados», nos explicó la responsable de la FIDH para Europa Occidental, Elena Crespi.

«Nuestra meta legítima también es advertir acerca del riesgo de que lo que comenzó como una crisis económica mundial se convierta en una crisis mundial de derechos humanos, cuyos efectos pueden preverse fácilmente, pero que puede ser difícil de frenar», sostuvo la representante de la organización que aglutina a 178 organizaciones de todo el mundo.

El 21 de enero, 20 centrales sindicales, organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil europea solicitaron a Martin Schultz, presidente del Parlamento Europeo, que encargara la realización de un informe sobre la situación de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia en Grecia.

«Al leer la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), cuesta encontrar un artículo que el gobierno griego no haya infringido en los últimos tres años como parte de las políticas que aplicó contra su propia población», sostiene la misiva.

Grecia recibió un préstamo de 230.000 millones de euros en los últimos cuatro años, a cambio de un duro programa de austeridad supervisado por la troika. Como resultado, la economía del país se sumergió en una recesión sin precedentes y el desempleo pasó a afectar al 30 por ciento de la población activa, en este país de 11,4 millones de personas.

Entre los firmantes de la misiva estaban la Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos, una organización que reúne a 30 agrupaciones de 22 de los 27 Estados de la UE. También la suscribieron los principales sindicatos griegos, la mayor central sindical belga y otras organizaciones políticas y de la sociedad civil, como el Observatorio Europeo de las Corporaciones.

Participantes en este observatorio crearon TroikaWatch, una red ciudadana destinada a vigilar al órgano que representa a los acreedores en los países a los que interviene e imponen ajustes inhumanos. La organización publica un boletín mensual en nueve idiomas europeos.

El 31 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que agrupa a 47 países del continente, aprobó una resolución de su Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos, con varias recomendaciones sobre la «responsabilidad de las organizaciones internacionales en las violaciones de los derechos humanos».

Los diputados europeos plantearon que los «Estados miembros también deberían ser responsables por el papel que desempeñan en las organizaciones internacionales y por ayudarles a aplicar sus decisiones».

El parlamentario griego Epaminondas Marias afirmó durante el debate que «La troika debe saber que ya no puede ocultarse detrás de su inmunidad para evitar a los tribunales griegos por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país». «Nos impone el rigor, una situación desastrosa, empobrece nuestros pueblos, destruye nuestros empleos y vulnera los derechos humanos», dijo el diputado de la derecha euroescéptica.

Se ha informado que, desde que comenzaron a aplicarse las medidas de austeridad, el salario básico ha caído un 22 por ciento, el desempleo juvenil afecta a más del 60 por ciento y más de un millón de personas no tiene ningún tipo de seguro de salud.

En junio de 2013, el FMI reconoció haber cometido errores en el manejo de la crisis de la deuda griega que exacerbó la recesión. Sin embargo, la troika nunca presentó una evaluación de impacto antes de solicitar que se adoptaran reformas sociales y medidas fiscales.

La Confederación Europea de Sindicatos contrató a Andreas Fischer-Lescano, catedrático de derecho y política europea de la Universidad de Bremen, para examinar la legalidad de los memorandos de entendimiento firmados entre los países rescatados y sus acreedores. Las conclusiones se publicaron a finales de enero.

En un borrador de su investigación al que hemos tenido acceso, Fischer-Lescano sostiene que «la Comisión y el BCE, en nombre de Europa, fijan los términos que son responsables de la situación desesperada de millones de europeos».

«Es preciso deslegitimar a los memorandos de entendimiento. No hay obligación de aplicar disposiciones ilícitas. Los tribunales nacionales e internacionales como el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los comités de derechos humanos tendrán que aclarar esto», señaló.

«La batalla legal contra la austeridad acaba de comenzar. La finalidad debe ser defender los principios fundamentales de la justicia social en Europa», añadió.

El Consejo de Estado griego declaró inconstitucional un impuesto de emergencia al patrimonio aprobado en el país en 2011.

Un comité de investigación especial nombrado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo para evaluar el papel que ha desempeñado la troika en sus rescates visitó ya los cuatro países intervenidos: Chipre, Grecia, Irlanda y Portugal,

En Grecia, miembros del comité reconocieron que la troika había cometido errores, pero que también salvó al país de la quiebra. El comité publicará las conclusiones de su investigación antes de las elecciones europeas del 25 de mayo.

Para entonces, se prevé que ocurra otra situación de riesgo con respecto al futuro del programa griego de consolidación fiscal, dado que el crédito destinado al país prácticamente se ha terminado. Se necesitarán de 15 a 20.000 millones de euros adicionales para mantener al país a flote, aunque muchos consideran que no será en forma de otro memorando de entendimiento.

Alemania está elaborando una propuesta para reducir las tasas de interés y extender el plazo de pago de la deuda griega a 50 años.

Los economistas afirman que mediante esas medidas, la elite política espera controlar a la opinión pública, que en los países acreedores probablemente no acepte conceder otro préstamo a Grecia, un país en quiebra, donde la opinión pública se opone cada vez más a los acuerdos con la troika y apoya a los partidos de extrema derecha.