El activista Vladimir Slivyak, de la organización no gubernamental rusa Ecodefensa, dedicada al cuidado medio ambiental dice que «Hay un objetivo claro en influir en el G-20 y presionarle para lograr avances en la protección ambiental y social y los derechos humanos».

Slivyak ha asistido al Seminario Internacional «Alternativas al G-20», que ha tenido lugar el jueves 14 y este viernes 15 en la Ciudad de México, dentro de las actividades de la Cumbre Alternativa de los Pueblos, que comenzó el martes 12 y que continuaráhasta el día 19 en la noroccidental ciudad de La Paz

Los delegados de docenas de organizaciones sociales mexicanas y de las naciones del bloque plantean una serie de demandas en asuntos financieros, laborales, alimentarios y ambientales. «El sistema alimentario global está apoyado por los gobiernos nacionales con políticas pro corporativas y no a favor de los pequeños productores», denuncia la indonesia Ika Krishnayanti, de la Asociación de Agricultores Asiáticos por el Desarrollo Rural Sostenible. «Está dominado por el capital intensivo, por las grandes corporaciones y la agricultura extensiva de ciertos cultivos», asegura.

Por eso «ha fallado y ha contribuido al escalamiento de los precios de los alimentos en el mundo, a la consecuente inseguridad alimentaria, a la desaparición de los pequeños productores y a las migraciones», prosigue.

El G-20 reúne al Grupo de los Ocho países más industrializados, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia y Rusia, junto a Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, así como la Unión Europea como tal.

Los jefes de gobierno y de Estado de estas naciones, que se reunirán el 18 y 19 de este mes en la ciudad de Los Cabos, en el golfo de California a orillas del océano Pacífico, debatirán asuntos relacionados con la crisis financiera, la seguridad alimentaria, el crecimiento verde, la lucha contra el cambio climático, la transparencia y la corrupción. A este encuentro han sido invitados países no miembros, como Colombia, Chile, Perú y España.

En materia de seguridad alimentaria, uno de los asuntos candentes de la cumbre, las organizaciones no gubernamentales sugieren reducir la especulación financiera en los mercados internacionales de materias primas, la creación de reservas estratégicas de alimentos, promover la agroecología, el veto a las semillas transgénicas y el aumento de la inversión pública.

De hecho, algunas de estas cuestiones se abordadan en el informe titulado «Crecimiento de la productividad agrícola sostenible y el cierre de la brecha para las familias de los pequeños agricultores», comisionado por el gobierno de México en su calidad de presidente del G-20 y que será presentado en la cita.

El texto de 86 páginas, al que hemos podido acceder acceder, resalta la importancia de la inversión pública y el valor de la biodiversidad en la lucha contra el cambio climático, en relación con su impacto sobre la agricultura y los beneficios de la apertura del mercado de fertilizantes.

Son 10 las recomendaciones que plantea este informe coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en cuyo seno están todos los países ricos, con el apoyo de 10 instituciones multilaterales y no gubernamentales.

«Las recomendaciones de este informe llaman a los gobiernos a tomar medidas sobre el aumento de la productividad agrícola en una forma sostenible en sus propios países, pero también para apoyar a naciones en desarrollo que no pertenecen al G-20 en sus esfuerzos para abordar los retos que presenta la agricultura global», cita el estudio.

Las estimaciones indican que la producción agropecuaria necesitaría crecer globalmente un 70 por ciento en los próximos 38 años y, en particular en el mundo en desarrollo, el 100 por 100 para poder alimentar a la creciente población, excluyendo la demanda adicional para los animales y los vegetales destinados a elaborar biocombustibles.

Recomienda, además, garantizar que las necesidades de las campesinas y las minorías sean incluidas en las agendas de infraestructura y energía, y considerarlas explícitamente dentro de las iniciativas apoyadas por el G-20. «Los gobiernos deben apoyar estrategias de inversión y desarrollo agrícola internacional, nacional y regional, basadas en evidencias e incluyendo a la sociedad civil y a organizaciones de productores para priorizar, investigar y apuntalar la acumulación de capital productivo, intelectual, humano y natural», agrega.

En el mundo hay unos 500 millones de pequeñas granjas, de las cuales la mitad está en las naciones adscritas al G-20. El gobierno mexicano de Felipe Calderón define para su gestión al frente del G-20 prioridades tales como la estabilidad económica y la reforma estructural para el crecimiento y el empleo, el fortalecimiento de los sistemas financieros y el logro de la inclusión financiera para el crecimiento económico y mejorar la arquitectura financiera internacional.

También mitigar los efectos negativos sobre el nivel de precio y la volatilidad en el comercio de las materias primas y promover el desarrollo sostenible. «Los países deben recuperar la capacidad de proveerse de sus propios alimentos e incrementar la productividad basados en sus campesinos», plantea el coordinador de campañas internacionales de la no gubernamental ActionAid, Sameer Dossani.

Desde 2007, los precios internacionales de los alimentos se han encarecido, debido a la especulación, el aumento de la cotización del petróleo y a fenómenos climáticos. Esta tendencia se mantiene, con un fuerte impacto sobre las naciones que dependen de las importaciones de comida.

El informe para el G-20, cuya octava cumbre se realizará en noviembre de 2013 en Moscú, sugiere que los gobiernos deben comprometerse a invertir en enfoques sostenibles al crecimiento de la productividad en sus sectores agrícolas domésticos, con particular atención a los pequeños agricultores.

En tanto, la sociedad civil quiere ver medidas emanadas de esos informes. «Los agricultores de pequeña escala necesitan más apoyo. No es un problema de producción, porque hay suficiente alimento. Es un sistema diseñado no para alimentar a la gente, sino para generar ganancias», señala el estadounidense Jim Harkness, del Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales.

Un análisis de las cumbres del G-20 elaborado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio indicó que, de los más de 200 compromisos asumidos por el grupo, sólo en una veintena ha habido acciones concretas.