El agravamiento del conflicto étnico en Sudán del Sur y el aumento del número de muertos ponen en duda la capacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cumplir con su mandato de paz en ese país. Este jueves, el secretario general adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, Hervé Ladsous, dijo a los periodistas que el número de fallecidos superaba los 1.000.

«La situación en términos de derechos humanos sigue siendo terriblemente crítica», reiteró entonces. Al día siguiente, el Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), con sede en Bruselas, divulgó sus propias estimaciones y elevó la cifra a 10.000.

Sin embargo, desde la muerte de dos cascos azules indios en un ataque perpetrado el 19 de diciembre por una milicia de la etnia nuer contra una base de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), esta no ha vuelto a intervenir militarmente.

Tampoco lo ha hecho la coalición de fuerzas rebeldes lideradas por el exvicepresidente Riek Machar ni las fuerzas del gobierno del presidente Salva Kiir.

Ampliamente superados en número, los cascos azules se limitan a proteger sus propias bases, desde las cuales organizaciones no gubernamentales y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU brindan asistencia a más de 60.000 desplazados.

«No podemos proteger a esas personas y al mismo tiempo patrullar un territorio del tamaño de Francia», se justificó Kieran Dwyer, jefe de asuntos públicos en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU.

Mientras los combates se recrudecían y el gobierno recuperaba la norteña ciudad de Bentiu el viernes 10, los cascos azules de Mongolia optaron por permanecer dentro de su base, donde hay más de 9.000 refugiados. «No es nuestro trabajo ponernos en medio» de las fuerzas rebeldes y del gobierno, nos dijo Dwyer.

El funcionario señaló que la UNMISS informa a ambos bandos sobre la ubicación de civiles en la zona de combate y les advierte sobre las consecuencias de atacarles. Pero los cascos azules están abrumados y tienen miedo de morir o de sufrir ataques en represalia si intervienen, admitió.

Esta situación no permite una plena protección de la población civil frente a potenciales violaciones a los derechos humanos, alerta Cameron Hudson, director de políticas en el Museo del Memorial del Holocausto y exdirector de Asuntos Africanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

«No se puede hacer mantenimiento de paz pensando en que habrá cero bajas», nos dijo Hudson. «Si así es como se inician estas misiones, nunca cumplirán con éxito sus mandatos», añadió.

La crisis comenzó el 15 de diciembre, cuando estalló un enfrentamiento en la capital entre las facciones de las etnias nuer y dinka en el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA, por sus siglas en inglés), que desde la independencia sursudanesa en 2011 conforma el núcleo de las Fuerzas Armadas.

El presidente Kiir, de la etnia dinka, ordenó el arresto inmediato de 11 importantes líderes opositores y acusó a Machar, un nuer, de orquestar un golpe de Estado. Este negó la imputación y se trasladó a Yuba para asumir el mando de las fuerzas rebeldes.

Delegados del gobierno y de los rebeldes se reunieron este lunes 13 en Addis Abeba, la capital de Etiopía, para negociar un cese de hostilidades. Los opositores exigen que se libere de inmediato a los 11 líderes encarcelados.

El conflicto ha desplazado a 400.000 personas, muchas de las cuales se escondieron en la selva, donde son inalcanzables para las agencias humanitarias y las fuerzas de paz.

El destino de quienes abandonaron sus hogares pero no han llegado a obtener refugio en ninguna base de la ONU es una gran preocupación para la que nadie parece tener respuesta aún.

Derechos humanos

La violencia en Sudán del Sur se agravó en momentos en que la ONU lanzaba su nueva iniciativa para la prevención de genocidios, llamada «Los derechos en primer lugar», un intento de evitar las masacres de civiles en conflictos bélicos, como las ocurridas en Bosnia, Ruanda y Sri Lanka.

Aunque todavía no está claro cuántos civiles han muerto en Sudán del Sur, Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó en diciembre que se encontraron fosas comunes en Yuba y Bentiu, y denunció «ejecuciones extrajudiciales» y «ataques a individuos por motivos étnicos».

Observadores creen que la situación sería todavía más grave. «Es irrefutable, y debe repetirse, que las serias violaciones a los derechos humanos son las mejores alertas tempranas de atrocidades inminentes», subrayó el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, al hablar ante la Asamblea General en la presentación de «Los derechos en primer lugar».

Pero en Sudán del Sur, la UNMISS ha actuado tímidamente. «No tienen muchas fuerzas en el terreno», dijo EJ Hogendoorn, subdirector de programas para África en el ICG. «Obviamente, también tienen significativos desafíos logísticos en términos de trasladarse con seguridad», añadió.

En una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la presidenta del ICG, Louise Arbour, escribió que el foro mundial necesita redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los civiles.

«Creemos que la UNMISS, utilizando sus actuales fuerzas hasta que lleguen tropas adicionales, debería dar una serie de pasos específicos e inmediatos para priorizar la protección de civiles por encima de otras tareas mandatadas», señaló.

«Claramente, no hay suficiente información sobre lo que está ocurriendo» en el terreno, nos dijo Hogendoorn. «Esto se debe en parte a que las fuerzas de mantenimiento de la paz no están patrullando como lo hacen normalmente», añadió.

Desde su creación en 2011, la UNMISS recibió el mandato de proteger con la fuerza a «civiles bajo amenaza inminente de violencia física».

Pero a pesar de las primeras señales de inestabilidad política y la insurgencia en el estado de Jonglei en 2013, la misión no fue adecuadamente equipada para prevenir o intervenir en situaciones de violencia como la desatada el mes pasado.