Organizaciones de derechos humanos exigen una solución duradera a la crisis migratoria en Europa, sobre todo tras el desmantelamiento de los campamentos de refugiados en las ciudades francesas de París y Calais.
En uno de los últimos incidentes, el 11 de este mes se produjeron tensos enfrentamientos en la capital francesa cuando las fuerzas de seguridad desalojaron a migrantes del parque Bois Dormoy, ubicado en el distrito 18 de París. Posteriormente, los activistas impidieron el ingreso de la policía a un antiguo cuartel, donde otros inmigrantes se albergaban temporalmente.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, presente como observadora durante la operación, considera que el Estado debe hacer más para encontrar soluciones de vivienda a los migrantes que duermen en la calle y en los parques públicos.
«El Estado puede desalojar a la gente por diversos motivos, pero los migrantes también tienen derechos», nos dice Stephan Oberreit, director general de Amnistía Internacional Francia. «Si el Estado informara a la gente, explicara la normativa y ofreciera refugios dignos, entonces estaría bien. Pero este no es el caso. No está brindando albergues suficientes a los migrantes y solicitantes de asilo».
Algunos de los inmigrantes del parque Bois Dormoy ya habían sido desalojados de un campamento improvisado bajo un paso elevado del metro, donde su situación era cada vez más insalubre. Otros proceden de un segundo campamento desalojado en el norte de París, donde vivían aproximadamente 350 personas, en su mayoría de Sudán, pero también de Egipto, Eritrea, Somalia y otros países, según las autoridades.
La policía había desalojado, además, a unas 140 personas de dos campamentos improvisados en Calais, en el norte del país, donde residen más de 2.000 migrantes en condiciones difíciles en 10 asentamientos de tiendas de campaña.
En los incidentes del día 11 en el Bois Dormoy, que duraron hasta altas horas de la noche, los migrantes tomaron medidas para organizar su propia respuesta a las operaciones de seguridad, después de que se les indicara que debían abandonar el parque. Los migrantes tuvieron varias reuniones y se pusieron en contacto con los activistas, que les brindan alimentos y apoyo, para dar a conocer sus inquietudes.
Funcionarios de la ciudad ofrecieron inicialmente unas 60 plazas en refugios estatales, pero con el tiempo y tras las negociaciones ese número se elevó para dar cabida a más personas. No obstante, las organizaciones de derechos humanos temen que muchos migrantes sigan sin hogar.
«Las autoridades francesas simplemente no pueden seguir trasladando a estos migrantes y solicitantes de asilo de un lado para otro sin buscar alternativas viables. El Estado tiene el deber de garantizar soluciones de alojamiento duraderas para aquellos que busquen asilo», afirma Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre la discriminación en Europa.
«Es preciso encontrar soluciones alternativas reales y viables para dar a estos migrantes y refugiados la vivienda y los servicios adecuados, incluido el acceso a los trámites para acceder al asilo», añade.
Otras organizaciones, como el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes, nos explican que también brindan asistencia jurídica a los afectados, y que sus abogados representan a los solicitantes de asilo ante los tribunales.
Mientras tanto, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha declarado que le gustaría abrir un «centro de bienvenida» para los migrantes que estén en tránsito a otros países, o que finalmente decidan pedir asilo en Francia.
«Nos enfrentamos a un gran aumento en el número (de inmigrantes) y tenemos que abrir algún tipo de centro de bienvenida. Una cosa es segura, no pueden dormir en las calles», ha manifestado a los medios de comunicación franceses. Un centro de este tipo solo sería para estancias temporales, mientras que Amnistía Internacional asegura que son necesarias y urgentes soluciones más permanentes.
Este mes, la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea (UE), llamó a sus 28 Estados miembros a apoyar su propuesta para reubicar a 40.000 migrantes, a medida que los barcos que los trasladan desde sus países de origen, de donde huyen de la pobreza y la guerra, siguen llegando a las costas italianas y griegas.
Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 100.000 inmigrantes cruzaron el mar Mediterráneo hacia las costas europeas desde que comenzó el año, y aproximadamente 1.800 murieron en la peligrosa travesía.
Miles de personas han llegado a Francia, a menudo en el intento de pasar a Gran Bretaña y otros países. Pero París y Londres son contrarios a recibir las cuotas de migrantes que propone la UE, y la cantidad de personas que serían reubicadas en territorio francés equivale apenas a una «gota en el océano», dice Oberreit, de Amnistía Internacional. «No podemos seguir buscando soluciones temporales», advierte.
«Las personas deben poder seguir un proceso adecuado de su situación con el fin de acceder a la condición de refugiados, y los migrantes deben tener algún tipo de refugio para que no tengan que estar en la calle y pasando hambre».
