El sistema sanitario español ha sido hasta ahora el orgullo del país. Ahora los recortes van a cambiarlo, aunque el Gobierno no acepta esa posibilidad. Pero las tijeras harán su trabajo. Lo que es seguro es que quienes más van a notar el Decreto de Reforma Sanitaria son los jubilados con las pensiones más bajas, los parados, los jóvenes y los inmigrantes.

Según el decreto, las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar las disposiciones el 1 de julio de 2012.

El Portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, dice que «no hay ética política que justifique dejar sin tratamiento a personas que pueden morir», refiriéndose a los inmigrantes que el 1 de septiembre se quedarán sin la tarjeta sanitaria. Pero lo más grave, para el portavoz es el daño que se causa con el pago de las medicinas en función de la renta que hará que los pensionistas abonen como mínimo 8 euros al mes por su gasto en farmacia. Los medicamentos serán gratuitos para los afectados por el síndrome tóxico, una intoxicación por aceite de colza adulterado que afectó a unos 20.000 españoles en 1981, personas con discapacidad y los que cobren pensiones de integración social y no contributivas. Tampoco las pagarán aquellos prefijos telefónicos que sigan un tratamiento por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

Cuando la enfermedad del jubilado le obligue a gastar en medicamentos una cantidad mayor que el tope establecido por su pensión, el Gobierno se la devolverá con seis meses de retraso. Es decir tendrá que adelantar un 4 por ciento de su jubilación si decide continuar con el tratamiento. En caso contrario, dice Martínez Olmos, podría prescindir de algunos fármacos y terminar en el hospital. Con lo que saldría más caro el remedio que la enfermedad.

También entran en el copago las prótesis, los productos dietéticos o las ambulancias que no sean por una urgencia. Se pagará la parte correspondiente para ir a diálisis o a rehabilitación.

Por su parte el Partido Popular no ve ningún cambio en este decreto de ley. Manuel Cervera, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, dice que «no ha variado absolutamente nada» y que los ciudadanos van a seguir disfrutando de una sanidad «universal, gratuita y de calidad sin ningún tipo de diferencia de acceso» y acusa al PSOE de «alarmar a la ciudadanía». Añade que nadie va a quedar desatendido gracias a la «ética profesional de los propios médicos».

El decreto de reforma de la sanidad deja lugar a interpretaciones y las explicaciones que dan, incluida la propia ministra, son muy vagas aunque no exentas de casticismo. Ante las críticas de la secretaria de Política Social del PSOE y anterior ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, a la posibilidad de que los jóvenes queden excluidos de la unidad familiar a los 27 años para su cobertura sanitaria, igual que divorciadas o separadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. La ministra Ana Mato ha contestado «no se lo cree ni ella» y ha insistido en que el decreto «no cambia nada».

El decreto modificado dice que tienen condición de asegurados todos los trabajadores por cuenta ajena o propia, pensionistas, perceptores de una prestación periódica o parado. Los cónyuges o «persona con análoga relación de afectividad», excónyuges a cargo del asegurado y los hijos menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o mayor al 65 por ciento. Los jóvenes que ni trabajan ni estudian o que preparan oposiciones -que en España son el 50 por ciento de los parados- se quedan en una tierra de nadie bastante insegura.

El decreto regula la asistencia sanitaria de los extranjeros, excluidos los de la UE que se rigen por las normas comunitarias. España tiene hasta 2013 para trasponerlas completamente. Los extranjeros que no estén regularizados como residentes en España sólo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, durante el embarazo, parto y postparto. Los menores de 18 años recibirán la misma asistencia que un niño español. Para aplicar esta normativa se ha tenido que reformar la ley de extranjería.

Hasta ahora una persona que estuviera empadronada en cualquier localidad española, inscrita en el censo de población, tenía derecho a la asistencia sanitaria. A partir de ahora sólo gozarán de ese derecho aquellas que «trabajan como nosotros y pagan sus impuestos» ha dicho la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. El desempleo en España llegará este año a más del 23 por ciento de la población, y muchos de ellos son inmigrantes. Cuando superen el tiempo de desempleo se quedarán en lo que se llama «irregularidad sobrevenida», esas personas se preguntan de qué les ha servido trabajar y pagar impuestos durante años. Al carecer de puesto de trabajo no pueden renovar su permiso de residencia, se quedan en situación irregular a todos los efectos y sin sanidad.