La medida, está enfocada al establecimiento y mantenimiento de unos ingresos mínimos no contributivos destinados a personas en edad laboral o aptos para el trabajo pero en situación de desempleo. Esa renta sería, según el CESE, una última salvaguardia contra la pobreza que no debe confundirse con el «salario mínimo», que se fija por medio de convenios colectivos o de la legislación.

Los estudios llevados a cabo por la Comisión en el marco del GMI, consideran indispensable que los Estados miembros se involucren en esa renta tal y como señala Marcos Peña, presidente del CESE en España, el fin de las desigualdades sociales pasa por la necesidad de afianzar los pactos Estado-Mercado y Estado-Sociedad.

Desde la firma del Tratado de los Derechos Sociales Básicos de los Trabajadores en diciembre de 1989, los avances de los Estados miembro en materia de protección social han sido tan progresivos como desiguales.

En este sentido Gabriela Malgesini, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, cataloga a los países de la Unión en diferentes grupos: aquellos que sostienen un sistema simple y abierto como Alemania, un sistema simple con procesos selectivos como es el caso de Hungría, un sistema fragmentado orientado solo a una región o colectivo social, o como el caso español, un sistema complejo con múltiples niveles que abarca muchas prestaciones pero de cuantía reducida. El último grupo lo conforman Grecia e Italia que en la actualidad no disponen de algún mecanismo de distribución de renta mínima.

Como señala el dictamen, 24 millones de europeos se encuentran en estos momentos en riesgo de exclusión social. El objetivo que estableció la Estrategia 2020, fue reducir esa cantidad en 20 millones en la presente década, algo que para el secretario general de UGT, Cándido Méndez pasa por posibilitar el acceso a modelos de trabajo de calidad.

Desde el seno del CESE, señalan que la superación de las desilguadades sociales no puede basarse en los modelos actuales de «generosidad estatal» ya que extrapolados numéricamente estos modelos contribuyen a diferencias entre los países miembro.

En este sentido, Malgesini destaca la desigualdad en los valores de prestación estatal que oscilan desde los 22 euros al mes que paga Bulgaria a los de los 1.400 euros al mes de Dinamarca.

El CESE pide a la Comisión Europea que haga una evaluación efectiva del impacto social de las medidas de los Programas Nacionales de Reforma (PNR), que haga un mayor seguimiento de la intensificación de la pobreza y la exclusión social y que proponga, siempre que sea necesario, recomendaciones país por país en materia de inclusión social.

Recomendaciones que deberán aplicar también los países a los que el Banco Central Europeo, El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han concedido algún rescate.