Este nuevo texto, conocido como PNR (por sus siglas en inglés), sustituye al vigente que se aplica de forma provisional desde 2007. En él, se recoge la información facilitada por los pasajeros a las compañías durante el procedimiento de reserva y facturación. Esto incluye datos como el nombre, la dirección, el número de teléfono, los detalles de las tarjetas de crédito y la información facilitada a las agencias de viajes, entre otros.
Estas referencias, que estarán a disposición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se conservarán en una base de datos activa hasta cinco años. A partir del sexto mes, la información que sirva para identificar al pasajero se codificará de manera que permanezca en el anonimato. Transcurridos la primera etapa, las reseñas se almacenarán en una base de datos «inactiva» hasta 10 años y será sujeta a controles más exhaustivos. Además, se utilizarán para identificar a las personas que sean sometidas a un interrogatorio a su llegada o salida del país.
Asimismo, se podrán incluir referencias que revelen información más 'sensible' del pasajero, tales como el origen étnico, las creencias religiosas, la salud mental o física y la orientación sexual. En estos casos, se almacenarán un máximo de 30 días antes de ser borrados y podrán utilizarse sólo en casos excepcionales cuando la vida de una persona corra peligro.
Los pasajeros podrán tener acceso a sus datos PNR si así lo desean y podrán solicitar a las autoridades estadounidenses que corrijan o rectifiquen la información que no sea correcta. En caso de que la información no sea tratada conforme al acuerdo, podrán presentar un recurso por vía administrativa y judicial en Estados Unidos.
Timothy Kirkhope, eurodiputado inglés del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y ponente del texto, celebró su aprobación. En su opinión, el nuevo acuerdo garantiza que la información sobre terroristas y otros criminales pueda ser transferida a los Estados Unidos bajo estrictas condiciones. «Se trata de un gran paso adelante para la protección de los datos de sus pasajeros y de sus vidas», remarcó.
Más crítica se mostró la eurodiputada liberal holandesa Sophie in't Veld, también ponente del texto. A su juicio, las garantías para la protección de datos son insuficientes. «Es decepcionante que, después de nueve años de negociación con nuestros aliados estadounidenses, sólo hayamos recibido un acuerdo que consigue el apoyo reticente de un parlamento dividido», sostuvo. Antes de votar el acuerdo, el pleno rechazó una resolución que proponía llevar el acuerdo al Tribunal Europeo de Justicia.
Está previsto que los ministros de Justicia e Interior de los Veintisiete den el visto bueno formal al acuerdo el próximo 26 de abril. De esta forma, se prevé que esté en vigor hasta 2019.
