El ministro español de Industria, José Manuel Soria, ha dicho este sábado que «a lo largo de las últimas 48 horas parece que la situación se encauza». De hecho, el tono de amenazas del gobierno español ha cambiado por un mensaje conciliador y Soria ha añadido que «España desea tener las mejores relaciones con todos los países, desde luego también y sobre todo con los países de Latinoamérica y ése debe ser un camino de ida y vuelta».

Ayer, el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, llegó a citar una ruptura de relaciones entre los dos países como «el peor de los escenarios que podríamos imaginar» porque «no solo sería una ruptura económica, sino fraternal».

Mientras se difunden distintos borradores de los planes de nacionalización de la petrolera, la presidenta Cristina Fernández, que asiste a la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, sigue sin decir palabra sobre el caso, a pesar de las insistentes advertencias de Madrid. La prensa argentina cuenta hoy que la Casa Rosada (sede de la presidencia argentina) estudia una salida que pase por un acuerdo con Repsol para ampliar su capital en la compañía a un precio consensuado.

La presidenta Cristina Fernández habría dado marcha atrás, tras la firmeza del gobierno de Rajoy a la hora de hablar de las consecuencias de la expropiación y de la contundencia de la Comisión Europea al respaldar a España. El portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly, dijo ayer que Bruselas espera que el gobierno argentino «garantice el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio».

Sin embargo, la UE no cuenta con instrumentos jurídicos que le permitan intervenir en el asunto. Aunque el Tratado de Lisboa dio competencias a Bruselas para asumir la defensa de las empresas europeas en el exterior, todavía no existen herramientas para ponerlo en práctica. Por eso, la Comisión Europea no puede pasar de expresar su preocupación por los supuestos planes de nacionalización y mantener un papel de mediador en el asunto.

En una reunión que se celebrará los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires, ya prevista en el marco de la cooperación comercial entre ambas partes, funcionarios europeos advertirán del impacto negativo que el asunto puede tener para las relaciones bilaterales.Pero poco más. Tampoco Argentina tiene ningún compromiso con la Organización Mundial del Comercio sobre protección de inversiones extranjeras para que este organismo internacional pueda intervenir.