La verdad es que España ha planteado una presidencia enormemente ambiciosa. Las propuestas que el presidente Zapatero ha lanzado para los seis meses de Presidencia española más parecen que fueran un plan quinquenal, por la cantidad de iniciativas y el tiempo necesario para conseguir resultados que un listado de objetivos con fecha de caducidad en el mes de junio. Pero eso no es malo, en absoluto, si lo entendemos como ganas de hacer, de sugerir, de debatir, de proponer... también de conseguir. Pero otra cosa será la eficacia de todo eso: los resultados.

Y, además, el rompecabezas institucional

Porque, además, ahora toca encajar las piezas de un puzzle institucional algo más complicado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la incorporación de un presidente estable del Consejo y de una Alta Representante para la Política Exterior -una ministra de Exteriores en la práctica- con nuevas competencias, entre ellas nada más y nada menos que la de disponer de un Servicio Exterior propio de la Unión. Ese puzle es lo que puede dificultar la visibilidad de la Presidencia española, algo en lo que el gobierno había puesto muchas esperanzas para recuperar la popularidad perdida por la crisis. Ahora tenemos agendas que coordinar, protocolos que revisar y desajustes institucionales que habrá que ir solucionando sobre la marcha.

Muchas presidencias, mayor coordinación

Si uno mira el logo de la Presidencia española nos encontramos en realidad con la imagen de tres presidencias. Además de la «eu» de Europa, el logo recoge «trio.es», que tiene que ver con la necesaria coordinación de tres presidencias rotatorias consecutivas, es decir, con las de España, Hungría y Bélgica. Era obligado ampliar el horizonte porque es imposible hacer agendas a seis meses vista. Y esa necesaria coordinación entre presidencias había que extenderla lógicamente a la Comisión y al Parlamento. Pero desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa –y esos primeros pasos también le va a tocar liderarlos a España- eso no va a ser suficiente. Hay que coordinar también las agendas de la Presidencia estable del Consejo y de la Alta Representante. Ciertamente no nos lo han puesto fácil a los ciudadanos para que entendamos el complejo sistema de toma de decisiones en la Unión. Pero tampoco se lo ha puesto fácil a sí misma la propia clase política europea a la hora de trabajar. Pasará tiempo hasta que encajen las piezas del rompecabezas y eso redundará en lentitud y falta de eficacia de las decisiones políticas. Otro acicate más para que vayan calando los discursos renacionalizadores a lo que lamentablemente nos están acostumbrando los líderes políticos de los 27, sobre todo cuando hablan en sus propios estados.

La salida de la crisis

En cualquier caso los objetivos de la Presidencia española son tan encomiables como inalcanzables; claro que sólo se trata de caminar en la buena dirección: la meta no está cerca. La salida de la crisis, por ejemplo, aunque ahí el margen de maniobra es reducido. Las medidas que la UE ha tomado desde el comienzo mismo de la crisis han sido coordinar las actuaciones de apoyo a un sistema financiero con serios problemas de liquidez, proponer en el G-20 iniciativas de control y de asunción de responsabilidades éticas por parte de los directivos de las grandes instituciones financieras, y flexibilizar las exigencias del Pacto de Estabilidad para hacer frente a déficit públicos disparados por las medidas de choque contra la crisis. Son decisiones que ya están tomadas y medidas que están siendo implementadas. Más allá de ahí, las políticas económicas son competencias de los estados y es evidente que hay recetas muy diferentes. Desde la rebaja fiscal en Alemania para incentivar el dinamismo de la economía a la subida de impuestos de España para enjugar el déficit acumulado por las iniciativas públicas de empleo. Están por verse los resultados pero lo que no hay ni puede haber son referencias morales, buenos y malos ejemplos. En ese sentido el hecho de que España esté en el furgón de cola en el túnel de salida de la crisis no le va a restar capacidad para plantear iniciativas que, en todo caso, no pueden ser ambiciosas, no van a poder salir del marco de las medidas ya adoptadas en el seno de la UE.