Aunque su presupuesto lleva años casi congelado pese a la entrada de nuevos socios, la Unión Europea sigue subrayando la importancia del sector agrícola. De hecho, el Tratado de Lisboa consolida a la PAC como una política comunitaria, y define a la agricultura y a la ganadería europeas como garantías de suministro de alimentos seguros y de calidad, que reducen la dependencia exterior, y que además permiten preservar el territorio y el medio ambiente, y luchar contra el cambio climático. Eso por no hablar de su potencial de crear empleo. España sabe muy bien de la importancia de la PAC. Es el segundo país que más se beneficia de ayudas por detrás de Francia y más de 900.000 productores reciben el apoyo económico comunitario. Después de crisis de precios que han dejado al borde del abismo a muchos sectores agrícolas, obligados a salir a la calle para manifestarse, y con una crisis económica y financiera aún latente, entre gobiernos y agricultores se extiende la sensación de que el presupuesto de la PAC se puede reducir drásticamente y que, con ello, puede llegar el desmantelamiento de los principios básicos que han guiado la política agraria común hasta ahora.
¿Dónde estamos?
«Hay que definir qué modelo de agricultura se desea y diseñar políticas plurianuales que hagan fuerte a la PAC. El sector no puede aguantar cambios de políticas y criterios año tras año», remarca Ignacio López, responsable del área internacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). Y es que la información de la que disponen sobre el futuro es poca, y muchas las incertidumbres y cambios en los últimos años.
El último ejemplo, el «chequeo médico» de la PAC aprobado en el consejo de ministros de agricultura de la UE: se reducen progresivamente las ayudas directas a los agricultores, en favor de políticas vinculadas con el desarrollo rural, de un fondo que engloba campos dispares como el del turismo rural o el de la conservación del territorio. Parece que las prioridades cambian y los productores creen que hay que cerciorarse que el dinero destinado a estas políticas acaba utilizándose efectivamente en el medio rural y no es desviado. Por su parte, la Comisión Europea duda, a su vez, de la utilización correcta del dinero de los fondos agrarios de la PAC: pide el reembolso de más de 340 millones de euros mal utilizados, 47 de los cuales corresponden a España.
Las incertidumbres también se trasladan al seno de los gobiernos nacionales. El ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, encabezado por Elena Espinosa y Josep Puxeu, presiona, junto a otros gobiernos, como el francés, para que la PAC siga siendo una de las políticas vertebradoras del proyecto comunitario y cuente con los recursos suficientes.
Pero en sus documentos de trabajo sobre el papel de la PAC en la Estrategia 2020, el camino está lleno de sombras: el ministerio español, por ejemplo, admite que durante la negociación de la PAC las presiones para el ajuste presupuestario van a ser intensas, e incluso plantea la posibilidad de volver a la cofinanciación entre UE y estados si el margen de gasto comunitario se reduce en exceso. Un extremo que el sector rechaza porque significaría dar un paso hacia atrás y volver a políticas nacionales que distorsionarían el funcionamiento del mercado común. Además, no hay que olvidar el juego de poder entre países: mientras España o Francia luchan por el mantenimiento de la PAC, otros, dónde el peso del sector agrícola es mucho menor, quieren forzar un recorte drástico en sus presupuestos.
El sentir de agricultores y ganaderos
Los sindicatos agrarios españoles, así como las plataformas europeas, como COPA-COGECA, piden a la Comisión que apueste por una PAC fuerte. Además de la reivindicación de una política más estable, de apoyo a los productores, también temen las intenciones de la Comisión.
En su última comunicación, Bruselas planteaba ya algunas reformas polémicas, como la eliminación de mecanismos para regular los mercados. «Estamos asistiendo a una apertura salvaje de los mercados. Una liberalización del sector que va en perjuicio de los agricultores comunitarios y que nos deja sin herramientas para hacer frente a las crisis de precios y a la volatilidad de los mercados», defiende David Erice, miembro del comité técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Los agricultores piden que la Comisión mantenga herramientas para combatir futuras crisis que les dejan sin margen para ganarse la vida o que cree otras, como seguros de renta para asegurar la estabilidad del sector, como plantea Asaja. El gobierno español también apoya acciones en este sentido, que tendrán que ser debatidas, y en su caso concretadas, en el seno comunitario.
Pero ante una crisis económica, financiera y alimentaria como la actual, es necesario replantear una revisión a fondo del modelo. Rafael Hernández, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) participó la pasada semana en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo que debate la reforma de la PAC. Insiste en la necesidad de una producción y un consumo más cercano al consumidor, o en otras palabras, la potenciación de la soberanía alimentaria, y en el hecho de que es vital que no sean sólo los intereses comerciales definidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) los que dicten el futuro. «Si renunciamos a regular los mercados, lo van a acabar regulando las grandes multinacionales, y entonces el futuro para nosotros, pero también para los países en desarrollo a los que se abren las puertas, será negro», concluye Hernández.
Equilibrio de intereses
Una vez más, la decisión que adopte la Unión Europea sobre el futuro de la PAC será el resultado de la negociación entre intereses gubernamentales y del resultado de los debates que tendrán lugar en el Parlamento. Y esta decisión es trascendental. No sólo porque del futuro financiero de la PAC dependen miles de puestos de trabajo -el Comité Económico y Social Europeo calcula que uno de cada seis empleos en Europa está relacionado directa o indirectamente con la agricultura- sino porque no hay que olvidar que el sector agrícola y ganadero es fundamental para Europa. ¿No es igual de importante para los ciudadanos europeos, por ejemplo, el suministro energético que el de alimentos? ¿No son las prácticas agrícolas también clave para un desarrollo sostenible, y con puestos de trabajo de calidad?
Hay que avanzar hacia un mejor uso de los fondos agrícolas, más aún cuando los márgenes de gasto en todas las políticas se miran con lupa. Pero ello no debería llevar a un cambio brusco o a una falta de recursos y herramientas que hunda aún más a un sector que vive una situación crítica. La respuesta está en Europa, y ahora habrá que seguirla de cerca en los debates parlamentarios y en los movimientos de la nueva Comisión. Marc Campdelacreu para euroXpress