Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ha anulado hoy la autorización de la patata transgénica Amflora, propiedad del gigante biotecnológico alemán BASF. El Tribunal afirma que la Comisión «no cumplió con sus obligaciones en el procedimiento» [1] Amigos de la Tierra celebra que se anule la decisión y solicita que, teniendo en cuenta este precedente, no se apruebe el cultivo del maíz transgénico 1507 de Pioneer, cuya autorización se decidirá próximamente [2].
La Comisión Europea autorizó el cultivo de la patata transgénica de BASF en marzo de 2010 [3]. Se trataba de la primera autorización de un transgénico en Europa en 12 años, y la decisión estuvo rodeada de polémica. Los escándalos de contaminación en la primera siembra y las dudas sobre el procedimiento de aprobación hicieron que en poco tiempo la patata de BASF se ganase el rechazo de la ciudadanía y las acciones legales de cinco países de la Unión Europea [4].
«La Comisión Europea incumplió la ley para forzar el cultivo de la patata transgénica en Europa. Esperamos que tomen nota de esta sentencia y dejen de legislar en favor de intereses comerciales. Es hora de apoyar la agricultura que demanda la ciudadanía y que necesitan los campesinos y campesinas. Una agricultura saludable, sin transgénicos y respetuosa con el medio ambiente», ha afirmado Blanca Ruibal, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.
Recientemente la Comisión ha propuesto la autorización del cultivo de un maíz transgénico propiedad de Pioneer [5]. El maíz 1507 es parte de una nueva generación de cultivos transgénicos altamente tóxicos, produce un insecticida que resulta mortal para mariposas y polillas. Para esta autorización, al igual que con la patata Amflora, la Comisión no ha consultado a expertos en los estados miembros sobre los riesgos potenciales del cultivo.
«Si se autoriza el maíz 1507 de Pioneer, la Comisión puede estar cometiendo el mismo error, los propios paneles científicos de la Unión Europea han reconocido que este maíz es dañino para la biodiversidad. La Comisión debe paralizar inmediatamente el proceso de autorización», ha concluido Ruibal.