El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer público el listado de las cuestiones a las que deberá dar respuesta España en su VI Informe Periódico (o examen) ante dicho organismo, que tendrá lugar entre junio y julio de 2015. Este Comité, encargado de velar por el debido cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pone en tela de juicio muchas de las recientes reformas del Gobierno, como por ejemplo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal actualmente en tramitación o la Ley de Tasas ya aprobada. También se vuelven a cuestionar varias deudas pendientes de España con los derechos humanos, como el trato a migrantes en los CIE, el control fronterizo en Ceuta y Melilla, la detención incomunicada, la falta de respuesta adecuada frente a las desapariciones de la guerra civil y el franquismo o las lagunas en las investigaciones de las denuncias de tortura.

En materia de no discriminación, el Comité pregunta específicamente por el fortalecimiento del organismo estatal contra la discriminación étnica (el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico), muchas veces cuestionado por su falta de independencia y efectividad.

También se pregunta por medidas que están en la agenda que siguen sin implementarse, como el Segundo Plan de Derechos Humanos, o el desarrollo de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres. Asimismo, solicita información adicional sobre «las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos», práctica por la que por cierto España fue condenada por este mismo Comité.

En cuanto al control migratorio, preocupa al Comité los «casos de malos tratos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias», en particular tras la tragedia en la playa del Tarajal (Ceuta) en febrero de este año. El Gobierno también tendrá que dar explicaciones por los «abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla», abusos que de hecho ahora se pretenden formalizar con una enmienda a la Ley de Extranjería.

En el listado se reflejan las dudas que suscitan algunas prácticas que pueden conllevar torturas y malos tratos por parte de los agentes de la policía. Se pregunta al ejecutivo por la detención incomunicada, la investigación y sanción de las torturas, las concesiones de indultos a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad después de haber sido condenados por malos tratos y por la falta de un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales.

El Comité cuestiona a España la respuesta dada a «los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias» cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, preguntando específicamente sobre la vigencia de la Ley de Amnistía. Asimismo, y aunque se haya retirado la reforma de la Ley del Aborto, el Comité pregunta específicamente por cómo se «garantiza el acceso al aborto» y las medidas adoptadas para informar sobre «métodos de contracepción» y para «promover la educación sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes».

De esta forma varias reformas legislativas promovidas por el Gobierno se ponen en tela de juicio en el listado del Comité, puesto que podrían ser contrarias a varios de los derechos reconocidos o recogidos en el Pacto. En materia del derecho a un juicio justo, se cuestiona sobre varias reformas legislativas: la Ley de Tasas (ya en vigor) y el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En este ámbito preocupa también al Comité el uso prolongado del «secreto de sumario» y la falta de una doble instancia que permita una verdadera revisión de las sentencias penales. Las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana actualmente en curso son cuestionadas igualmente, en concreto por su «afectación al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión». La Ley de Seguridad Privada recientemente aprobada también suscita dudas, pues puede entrañar «un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos».

Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron oportunidad de contribuir a este listado a fin de que el Comité tuviese una visión más equilibrada. En este contexto, Rights International Spain (RIS) envió al Comité un informe en el que se detallaban las principales vulneraciones de derechos que se producen en España, sobre todo a raíz de las últimas reformas legislativas promovidas por el ejecutivo, con el fin de asistir al Comité a la hora de solicitar al Estado información adicional.

En un comunidado de prensa, Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de RIS, ha valorado muy positivamente este listado del Comité: «recoge todos los aspectos que nos preocupan en Rights International Spain. Gracias a la participación de la sociedad civil han tenido en cuenta muchos asuntos que el Gobierno habría silenciado». Vicente cree que «esto debería servir para que el Gobierno valore con detenimiento el impacto en materia de derechos humanos de muchas de sus reformas y dé marcha atrás; de otro modo, se juega una dura condena del Comité». NdP