España debería derogar la ley de amnistía de 1977 e investigar las desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y el franquismo. Son las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI).
En su visita a España la semana pasada -del 23 al 30 de septiembre-, por invitación del gobierno español y a petición de las asociaciones de familiares, el GTDFI ha concluido en su informe preliminar que es responsabilidad del Estado, y no de las asociaciones de familiares, asumir y centralizar los esfuerzos para el esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación y memoria de las víctimas de los hechos ocurridos entre 1936 y 1977.
Durante su visita, el GTDFI se ha entrevistado con autoridades estatales, regionales y locales, así como con familiares, asociaciones de víctimas y expertos judiciales y de otros ámbitos en Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco.
«Lo más urgente es que el Estado asuma la búsqueda del esclarecimiento de las desapariciones forzadas como un deber del Estado, no como una iniciativa de los familiares. Asumir la responsabilidad política de que tiene que hacer algo para esclarecer esas desapariciones», dijo en Madrid el argentino Ariel Dulitzky, uno de los dos miembros del grupo de trabajo que visitó España.
En concreto, en su informe instan «al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada».
Ley de amnistía e imprescriptibilidad de los delitos
En su informe preliminar, el grupo de trabajo afirma que en España no se tiene en cuenta «el carácter de delito de lesa humanidad» en los casos de desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Según el texto, «esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación».
Para ello, se solicita la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales que aseguren que las desapariciones forzadas «no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977», una recomendación que ya han realizado previamente a España distintos organismos internacionales. También instan al gobierno español a crear en el Código Penal el delito autónomo de desaparición forzada y a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Urgencia en las decisiones
Dulitzky se mostró sorprendido de que, en el caso de España, hayan pasado muchos años desde la restauración de la democracia hasta que la sociedad ha empezado a demandar explícitamente que se abordase el tema de las desapariciones.
Ya que la mayoría de los casos afectan a desapariciones producidas hace más de 70 años, la edad avanzada de testigos y familiares imprime una mayor urgencia a la tarea, según el experto de la GTDFI. «Hubo necesidad de una nueva generación, ni siquiera los hijos, son los nietos de las víctimas los que han empezado a hacerse preguntas sobre esto, una generación que no necesariamente vivió durante la dictadura y esto no se ha dado así en otros países», explicó.
La visita se ha producido en un momento en el que los crímenes de la guerra civil y la dictadura han cobrado actualidad tras una querella presentada en Argentina ante la falta de avance en España de las causas por delitos del franquismo, que incluyen la comisión de torturas, asesinatos, secuestros y robo de menores.
Las conclusiones de este informe preliminar han sido bien recibidas por las asociaciones de familiares y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quienes presentaron en el año 2002 los primeros 64 casos de desapariciones que finalmente han llevado a que se realizase esta visita.
