«La decisión de las autoridades paraguayas resulta en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud, y a la integridad física y mental de la niña, así como sus derechos a la educación, que ponen en peligro sus oportunidades socio-económicas», advierten los expertos.
«A pesar de las solicitudes de la madre de la niña y de los especialistas médicos para interrumpir este embarazo que pone en peligro la vida de la niña, el Estado no ha tomado medidas para proteger la salud, la integridad física y mental e incluso la vida de la niña de 10 años», dicen «No se ha hecho una evaluación interdisciplinaria e independiente para asegurar el interés superior de la niña, y salvar su vida, incluso con el aborto.»
Según la Organización Mundial de la Salud, los embarazos precoces son extremadamente peligrosos para la salud de la niña embarazada y pueden conducir a complicaciones y a la muerte en algunos casos. Los cuerpos de las niñas y adolescentes no están completamente desarrollados para asumir un embarazo, recuerdan los expertos.
En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años. El 65% de casos de fístula obstétrica se desarrollan durante un embarazo en la adolescencia, con graves consecuencias para sus vidas, resultando en problemas serios de salud y de exclusión social. Los embarazos precoces también son peligrosos para el bebé, con una tasa de mortalidad un 50% más alta.
«Recibimos con beneplácito la decisión el viernes pasado de establecer un panel multidisciplinario de expertos encargado de evaluar la salud integral de la niña y emitir un dictamen sobre los riesgos y con recomendaciones que garanticen su salud. Llamamos a las autoridades paraguayas a asegurar que este panel de expertos, evalúe sin demora y de manera objetiva e integral la situación de la niña, teniendo en cuenta su estado de salud física y psicológica y todas las opciones disponibles para proteger sus derechos humanos».
Los expertos de la ONU también instan al Gobierno a respetar el interés superior de la niña y cumplir debidamente con sus obligaciones internacionales tomando medidas urgentes para proteger la vida y la salud de esta niña de 10 años, garantizando su acceso a toda la atención médica necesaria, así como a medidas de reparación y rehabilitación adecuadas.
Aunque la madre de la niña había denunciado estos abusos sexuales en 2014, los expertos de la ONU «deploran la falta de respuesta de las autoridades para tomar medidas que evitaran la repetición de tales abusos y lamentan profundamente que el Estado haya fallado en su responsabilidad de actuar con la debida diligencia para proteger a la niña». Por otra parte, los expertos están muy preocupados por la situación de la madre que en la actualidad está detenida, por razones supuestamente injustas, y está separada de la niña.
Es crucial que el presunto violador, que acaba de ser arrestado, sea debidamente enjuiciado.
