El grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que ha examinado el Proyecto de Reforma del Código Penal español en materia de delitos de terrorismo. Instan a las autoridades españolas a que no sigan adelante con la tramitación ya que «amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos».

La ONU hace el llamamiento a la vista de la aprobación en el Congreso por vía urgente de la propuesta de ley la pasada semana.

«Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales», señalan los expertos en relación con esa propuesta de ley y los otros dos proyectos de enmiendas adicionales que se tramitan actualmente en el Senado: el proyecto de Reforma del Código Penal relativo a los delitos de desórdenes públicos y el de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

«Los derechos a manifestarse pacíficamente y a expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática», indican los Relatores Especiales de la ONU. «Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en los últimos años en España».

Proyecto de reforma del Código Penal

Los expertos independientes afirman que «el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades».

Y citan ejemplos, el proyecto de reforma trata como 'circunstancia agravante' el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una 'reunión numerosa'. Lo que en la práctica sería «dar una base legal a este nuevo tipo de 'circunstancias agravantes' para aumentar la pena automáticamente en caso de manifestaciones.

Maina Kiai, Relator Especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, señala que «Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica».

El proyecto de reforma también propone castigar con prisión o multa a quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. En este sentido, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye, señala que «la redacción de la ley conlleva serios problemas ya que, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas».

Por otra parte, los expertos de la ONU señalan que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de 'incitación y enaltecimiento' o 'justificación' del terrorismo' incluidas en la propuesta de ley del Proyecto de Reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo son excesivamente amplias e imprecisas.

«Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión», recalca Kaye. «La propuesta de ley podría además permitir abusos en los controles y retirada de información disponible en internet».

Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, 'conocida como ley mordaza'

«La llamada 'ley mordaza' vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo», indica el Relator Kiai.

«Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España», añade por su parte el Relator Kaye.

Por otro lado, las disposiciones de dicho proyecto de ley relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla, «podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos», señalan los expertos.

Concluyen que «Considerando el impacto que podrían tener este tipo de leyes sobre los derechos y libertades fundamentales, deben ser redactadas con cuidado y no pueden ser adoptadas de forma precipitada».

La Agencia de la ONU para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, señala en su comunicado que las advertencias de estos expertos independientes han sido respaldadas por los Relatores Especiales de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau; y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.