«La falta de medidas de la UNMIK para investigar unos hechos que constituyeron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y, potencialmente, crímenes de lesa humanidad contribuyó a crear el clima de impunidad imperante en Kosovo», según Sian Jones, investigadora de Amnistía Internacional experta en Kosovo. «Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Tienen que ser investigados, y debe ofrecerse resarcimiento a las familias de las personas secuestradas y asesinadas. No debe permitirse que la ONU eluda su responsabilidad por más tiempo.»

En el informe Kosovo: UNMIK's Legacy: The failure to deliver justice and reparation to the relatives of the abducted, Amnistía Internacional revela cómo la UNMIK no investigó denuncias de secuestro y asesinato pese que el Consejo de Seguridad le había encargado que protegiera los derechos humanos en ese país.

El informe está basado en las conclusiones iniciales del Grupo Consultivo de Derechos Humanos, establecido por la UNMIK para recibir denuncias de quienes consideren que ésta ha violado sus derechos. El Grupo recibió unas 250 denuncias de familiares de personas en paradero desconocido, fundamentalmente serbios de Kosovo que se cree que fueron secuestrados por miembros del Ejército de Liberación de Kosovo. En cada una de ellas se afirmaba que la UNMIK no había investigado el secuestro y posterior asesinato de la persona o personas en cuestión.

El Grupo Consultivo de Derechos Humanos determinó que, en varios casos, la UNMIK no pudo presentar ninguna prueba de que se hubiera llevado a cabo una investigación, mientras que en otros parece que había abandonado la investigación tras entregar el cadáver de la víctima a sus familiares. En un caso, la policía de la UNMIK ni siquiera sabía que los cadáveres de un esposo y un hijo que estaban en paradero desconocido, se habían encontrado y entregado a su familia para que los enterrara.

AI denuncia que a pesar de las conclusiones y recomendaciones del Grupo Consultivo, no parece que la UNMIK haya tomado más medidas para proporcionar resarcimiento y reparación. Aunque el informe se centra en los secuestros de serbios de Kosovo cometidos presuntamente por el Ejército de Liberación de Kosovo, de las investigaciones de Amnistía Internacional se desprenden conclusiones similares con respecto a la falta de medidas de la UNMIK para investigar las desapariciones forzadas de personas de etnia albanesa a manos de las fuerzas serbias.

Desde 1999-2000, Amnistía Internacional ha vigilado los avances de la UNMIK en varios casos emblemáticos de desaparición forzada y secuestro. En cinco de ellos, en los que fueron víctimas de desaparición forzada 27 personas de etnia albanesa, aún no se ha llevado a nadie ante la justicia. En otros 10, en los que fueron secuestradas 13 personas serbias y romaníes, sólo uno de los responsables ha sido puesto a disposición judicial, y lo han hecho las autoridades serbias.

Tras el conflicto y durante casi un decenio los fiscales y la policía de la UNMIK no iniciaron con prontitud investigaciones efectivas, independientes, imparciales y exhaustivas. Debido a ello, muy pocos de los presuntos responsables de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad han comparecido ante la justicia en tribunales internacionales o nacionales.

Sian Jones explica que «han pasado años y sigue sin conocerse la suerte de la mayoría de las personas en paradero desconocido de ambas partes en el conflicto, y sus familias están todavía esperando justicia. Los casos examinados hasta la fecha por el Grupo Consultivo de Derechos Humanos revelan que se ha dejado olvidadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos debido a la falta voluntad en el seno del sistema de la ONU para garantizar que reciben la debida indemnización y otras formas de reparación».

Las responsabilidades de la UNMIK en materia policial y judicial terminaron el 9 de diciembre de 2008, cuando la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) asumió sus funciones de mantenimiento del orden, inicio de procesamientos y enjuiciamiento, entre ellas la responsabilidad de iniciar investigaciones y enjuiciamientos por delitos graves, incluidos delitos de derecho internacional. La EULEX heredó 1.187 casos de crímenes de guerra que la UNMIK no había investigado.

Sian Jones recuerda que «aunque es a la EULEX a la que corresponde ahora abrir investigaciones sobre los casos de secuestro y asesinato posteriores a la guerra, la UNMIK debe proporcionar fondos suficientes para ofrecer a los familiares de las personas en paradero desconocido una indemnización adecuada y efectiva por daños morales y por su dolor y sufrimiento, conforme al derecho y las normas internacionales».